Dilma Rousseff fue destituida por maquillar el presupuesto nacional con miras a ocultar el déficit fiscal, un acto sin duda indebido, pero no criminal ni merecedor de un impeachment. Independientemente de si llamamos esto un “golpe”, es claro que sus protagonistas no tenían la protección de la democracia como motivo, sino la de sus propios intereses, entre los cuales prima el blindaje jurídico contra las investigaciones que enfrenta la mayoría de los políticos brasileños por corruptos.
Pese a las denuncias de que se trató de una alianza neoliberal entre élites y capital en contra del partido de los pobres, muchos de éstos también apoyaron la destitución en protesta por la recesión, el desempleo y la corrupción. Así, el Congreso pudo escudarse en la voluntad popular, además de la Constitución, para justificar su controversial decisión. Tal uso discriminatorio de la ley se ha vuelto común entre la derecha y la izquierda en América Latina para permanecer en, derrocar de o impedir el acceso al poder, como bien lo sugieren casos como Honduras y Paraguay, pero también, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
La destitución de la primera presidenta de Brasil también revistió una dimensión indiscutible de misoginia. Su bochornoso juicio político fue el último capítulo de una larga historia de trato discriminatorio que incluía chistes vulgares sobre su falta de feminidad y críticas sobre su dureza, histerismo e inestabilidad emocional, hasta el punto de que este año la oficina de la ONU para la Mujer condenó públicamente la “violencia política sexual” ejercida en su contra. En contraposición a la figura “tosca” de la exguerrillera, la revista Veja presentó a la nueva primera dama, una exmodelo, 43 años más joven que el mandatario entrante, Michel Temer, como “bella, recatada y del hogar”.
Se observa el tufillo a golpe no tanto por la esperada reacción de los gobiernos bolivarianos, sino la de otros países. Durante el impeachment, legisladores de Estados Unidos y Canadá registraron su preocupación por la amenaza que planteaba a la democracia brasileña. Una vez consumado, Pepe Mujica lo calificó como “un golpe de Estado anunciado” y provocado por no ceder Dilma a las presiones de los corruptos, mientras que la Cancillería uruguaya manifestó que su salida constituía una “profunda injusticia”, “más allá de la legalidad invocada”, y el gobierno salvadoreño expresó su “enérgico rechazo”. Aunque Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos declararon su no intromisión en los asuntos internos de Brasil, fueron cautos en el reconocimiento del nuevo gobierno.
Los intentos de Temer y de los medios por dar un parte de normalidad a esta situación contrastan con el espectáculo de una legislatura y un gabinete masculino, blanco, elitista y corrupto. Que el reconocido misógino, homofóbico, racista y militarista Jair Bolsonaro, quien dedicó su voto contra Rousseff al torturador de la dictadura, sea probable presidenciable en 2018 es un indicio más de que algo anda muy mal.