Crece el coro de voces alrededor del mundo que manifiestan su desacuerdo con la «guerra contra las drogas».
El informe reciente de la Comisión Global de Políticas de Drogas, además de dos libros, publicados por la Universidad de los Andes (Políticas antidrogas en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos) y las sedes Amazonia y Caribe de la Universidad Nacional (¿Fracasaron las políticas antidrogas en el continente americano?) aportan un material invaluable para profundizar en este urgente debate en Colombia.
Los tres estudios convergen en varias críticas fundamentales. Primero, las políticas antidrogas basadas en la prohibición y la criminalización no sólo no han sido exitosas en relación con sus objetivos principales —reducir el consumo y la violencia asociada con el narcotráfico—, sino que han sido contraproducentes. Además, han generado un “efecto globo” extremadamente dañino, caracterizado por la dispersión geográfica de los cultivos ilícitos y otras fases de la cadena de producción, como el tráfico e incluso el consumo, en respuesta a las campañas de control. Segundo, la identificación de las drogas como una amenaza a la seguridad y los tabúes morales asociados a su uso han actuado en contra de una discusión objetiva, basada en la evidencia empírica, que permita sopesar estrategias alternativas. Tercero, la inercia burocrática en EE. UU., la apatía de Europa y la falta de liderazgo de la ONU han conjurado para mermar cualquier perspectiva de reforma.
Entre las principales recomendaciones que se desprenden de los trabajos señalados se incluyen: la necesidad de redefinir las metas de la política antidrogas, que deben girar en torno a la reducción del daño a la salud, seguridad y bienestar de los individuos y la sociedad; la ampliación del debate para abarcar a múltiples sectores (los estados, la academia y la sociedad civil, entre otros) y niveles (internacional, regional, nacional y local); mayor coordinación entre los distintos actores involucrados en las políticas de drogas; y la concentración de los esfuerzos de aplicación de la ley en el crimen organizado y los grandes narcotraficantes, que concentran las ganancias y son responsables de los mayores niveles de violencia.
Llama la atención que a pesar del giro proactivo que el presidente Santos le ha dado a la política exterior de Colombia, en lo que al tema de drogas ilícitas se refiere su posición ha sido tibia, por no decir ambivalente. Ha criticado la falta de corresponsabilidad en la prevención del consumo en países como Estados Unidos, pero al mismo tiempo ha sido un abierto defensor del status quo. Ha reiterado ante la comunidad internacional el éxito colombiano en la lucha antinarcóticos y ofrecido compartir su experticia en la materia con países en donde el problema se ha agudizado, pero no ha reconocido que los “triunfos” y “fracasos” de unos y otros están interrelacionados por el carácter fallido de la “guerra contra las drogas”.
Las condiciones están dadas para que Colombia sea protagonista de la discusión mundial. Sin embargo, garantizar un puesto central en la mesa exige tener una visión propia y propuestas concretas y coherentes, las cuales —al menos hasta ahora— no han sido especificadas por el Gobierno. La promoción de un diálogo incluyente, abierto y desideologizado sobre las drogas en el país y entre los países de América Latina podría ser un buen comienzo.