El anuncio de que el gobierno colombiano buscará, como uno de los ejes centrales de su política exterior en 2010, combatir la diplomacia de las Farc, apunta a una verdad incómoda.
La guerrilla ha sido relativamente exitosa a la hora de realizar acciones políticas internacionales —independientes de sus actividades transnacionales criminales— y de influenciar la percepción que se tiene en el exterior sobre el conflicto armado. Y si bien han transcurrido casi dos años desde que los computadores de Raúl Reyes, luego del bombardeo de Angostura, dieron a conocer la magnitud de las relaciones de las Farc con distintos gobiernos, partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales en toda Europa y América Latina, los instrumentos diplomáticos oficiales que han sido utilizados para reversar dichos logros no han sido del todo efectivos.
Si 1993 marcó un momento determinante en la proyección externa de las Farc —ese año se acordó la creación de su bloque internacional y se abrió una oficina política en México (que funcionó hasta 2002)— el proceso de paz celebrado por el gobierno de Andrés Pastrana constituyó el hito definitivo de este proceso. Entre 1999 y 2002 la guerrilla aprovechó de la presencia de actores extranjeros estatales y no estatales en la zona de despeje para estrechar sus relaciones con el exterior, además de conseguir apoyo logístico por parte de distintas organizaciones insurgentes. Adicionalmente, el Gobierno propició el contacto de sus líderes con distintos gobiernos europeos mediante dos giras por el continente.
Desde el primer gobierno de Álvaro Uribe, la estrategia frente a las Farc ha consistido en ejercer presión ante distintos países (y organismos internacionales) para que declaren a la guerrilla una organización terrorista y rompan sus contactos con ella, y hacer públicas sus atrocidades. Con resultados dudosos. Si bien Estados Unidos, la Unión Europea y unos pocos países latinoamericanos (México, Panamá, Perú) identifican a las Farc como terroristas, son una minoría. El discurso oficial de que no existe un conflicto armado en Colombia sino una guerra contra el terrorismo ha generado entre rechazo —por sus implicaciones humanitarias —y confusión. Y la estigmatización pública de los defensores de derechos humanos y su identificación como aliados de las Farc han contribuido, entre otros, al mal clima para la ratificación de los TLC con Estados Unidos y Canadá y un mayor condicionamiento de la ayuda militar estadounidense.
Además de su ineficacia, la política internacional de “cero contacto y tolerancia” tiene una dosis considerable de ambigüedad, ya que a lo largo de sus dos mandatos el presidente Uribe también ha autorizado a varios gobiernos –entre ellos los de Venezuela, Ecuador, Brasil y Francia– y a diversos individuos a mediar con las Farc en búsqueda de un acuerdo humanitario. Ello, sumado a las relaciones que se cultivaron entre la guerrilla y el mundo durante el gobierno Pastrana, ha dificultado aún más el diseño de una estrategia convincente. En lugar de las reacciones viscerales que han caracterizado el manejo del tema de las Farc —que aunque le ganen popularidad doméstica al presidente Uribe poco sirven a nivel internacional— analizar con cabeza fría sus avances diplomáticos, indignantes pero reales, constituye un paso necesario en la creación de una política exterior “más audaz” y “sin complejos”.