Con la muerte de Alfonso Cano no sólo sale reacreditado el presidente Juan Manuel Santos ante el país y el mundo, sino que se asoma la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado colombiano.
¿Es mejor intentar acabar con un grupo insurgente por la vía militar o negociar con él? Pese a que el Gobierno ha repetido que no descarta la segunda opción, su estrategia ha enfatizado la primera mediante la eliminación de cuantos comandantes de las Farc sea posible y la amenaza de que si sus integrantes no se desmovilizan “terminarán o en una cárcel o en la tumba”. El guión parece sacado de Sri Lanka, en donde luego de varios intentos fallidos de negociación con los Tigres Tamiles éstos fueron derrotados militarmente.
Aún si existiera una bola de cristal que permitiera saber si el anunciado “fin del fin” es factible —todo parece indicar que no lo es, entre otras cosas por la fortaleza institucional de las Farc (un rasgo que las distingue de su homólogo ceilanés) así como su solvencia financiera—, las “soluciones” militares no garantizan la paz. En la medida en que desaparezcan los líderes que ejercen autoridad, la pérdida de control sobre los grupos insurgentes puede entorpecer la pacificación. Del mismo modo, la promesa de inclusión en la vida política y económica nacional constituye un mejor instrumento persuasivo con miras a la reconciliación. La atomización de los grupos insurgentes dificulta la negociación, así como el proceso de desarme, como bien lo ilustra la desmovilización de los paramilitares en Colombia y su recomposición como “bandas criminales”. De allí que una estrategia de debilitamiento militar con miras a forzar a un actor armado a la mesa de diálogo debe cuidar por no romper totalmente su cohesión interna.
Cuando un grupo atraviesa una coyuntura “crítica”, caracterizada por la utilidad decreciente del uso de la violencia, la negociación se vuelve más factible. Es el caso reciente de Eta, que no sólo se vio aminorada por la estrategia de represión de España y Francia, sino que fue presionada por su principal aliado político en el país vasco y la comunidad internacional para dejar las armas. También fue el del Ira en los noventa.
Independientemente de cómo termine una guerra, la construcción de paz se dificulta si las condiciones estructurales que dieron origen a ella siguen intactas. Colombia ocupa el lugar 87 (de 187) en el Índice de Desarrollo Humano de 2011, por debajo de muchos otros países latinoamericanos, y tiene un coeficiente Gini comparable tan sólo con Angola y Haití. Un reciente informe de PNUD identifica la concentración de la tierra como una de las causas principales de la desigualdad y propone cambiar la estructura de tenencia de la tierra (algo poco probable).
Mientras que el nombramiento del nuevo líder de las Farc dará pistas de qué tan pronto (o no) puede convertirse la negociación en realidad, el gobierno Santos puede aprovechar el margen de maniobra ganado para construir un piso firme para la paz. La Ley de Víctimas y la creación del Departamento Administrativo de Prosperidad Social son pasos claros, aunque no suficientes, en esa dirección.