Las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos a la prensa británica sobre las drogas ilícitas —que se resumen en la idea de que “apoyaría un debate sobre la legalización, pero no seré quien lo inicie”— ilustran cuán lejos estamos de un cambio del actual régimen mundial prohibicionista, pero también revelan las grietas que crecen a su alrededor.
Independientemente de si esta posición puede considerarse, como algunos han sugerido, tímida, atrevida o incluso “revolucionaria”, la pregunta ahora es cómo traducirla en hechos políticos concretos. Si bien el mandatario colombiano explicó por qué ningún país puede actuar sólo frente al problema —los costos de hacerlo podrían ser muy altos— ello no obsta para que el Gobierno desarrolle una estrategia proactiva que ayude a impulsar el debate.
Discutir el tema públicamente, con base en la evidencia empírica existente, y evaluar las alternativas a la política actual —las cuales trascienden la falsa dicotomía prohibir/legalizar— constituye un paso esencial en este proceso. La historia tanto de la prohibición del alcohol en Estados Unidos como de su regulación estatal allí y en otros países ofrece lecciones importantes. Como también los diferentes experimentos que se han hecho con la reducción del daño, la despenalización y la descriminalización en distintos contextos locales y nacionales alrededor del mundo.
Si bien los 50 años de la anticuada Convención Única de Estupefacientes de la ONU (1961) pasaron sin pena ni gloria, en 2012 se cumple el centenario de la Conferencia sobre el Opio de La Haya, que dio lugar uno de los primeros tratados internacionales de control antidrogas. El gobierno Santos podría aprovechar su credibilidad mundial, así como el viraje marcado que se observa en la opinión pública global, para impulsar un debate amplio sobre los costos y beneficios del régimen prohibicionista. Pese a que el Consejo de Seguridad de la ONU no es el lugar idóneo para realizar esta discusión —justamente porque reforzaría la indeseable relación entre drogas y seguridad— el puesto ocupado por Colombia puede ser utilizado positivamente para plantear el tema con otros miembros de la Organización. A nivel latinoamericano existen también espacios en los que el debate podría avanzar. Por ejemplo, Unasur acaba de anunciar la creación del Observatorio Sudamericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, entre cuyas funciones cabría esta. En el mismo sentido, deberían crearse oportunidades de diálogo con ONG e instituciones académicas dedicadas a la investigación sobre los efectos de la prohibición.
De forma simultánea, el Gobierno colombiano podría trabajar a puerta cerrada con distintos países para construir una masa crítica que promueva el debate en foros multilaterales. Para ello, socios regionales como México y Brasil, y europeos como Holanda, Portugal, España y Suiza son fundamentales. En cuanto a Estados Unidos, se podrían entablar contactos directos con estados que han adoptado políticas distintas a la prohibición y la penalización con el fin de crear alianzas estratégicas con ellos.
La cambiante opinión mundial, junto con la crisis económica, pueden forzar a la comunidad internacional a debatir sobre áreas de la política pública que en otras circunstancias no serían susceptibles de discusión. Es probable que el prohibicionismo sea una de ellas. Colombia debe aprovechar su “cuarto de hora” para ayudar a que ello ocurra.