La Corte Constitucional le dio plazo a Colpensiones hasta el 31 de diciembre de este año para ponerse al día con el análisis y reconocimiento de las pensiones del régimen de prima media.
De esta forma, su presidente y su personal, dotados de recursos fiscales y técnicos, de acuerdo con un plan de acción, contra el reloj, van a llevar a cabo la tarea titánica de resolver más de 100.000 casos atrasados y actualizar la que fue una de las agencias más ineficientes del Estado colombiano.
La Corte reconoció que la solución a un problema tan complejo, que involucra los expedientes de decenas de miles de personas, no puede ocurrir de acuerdo con las normas que rigen el trámite aislado de cada una de las miles de tutelas, algunas de ellas presentadas hace seis años, todas con plazos estrictos y condiciones únicas, cuyo manejo conjunto se convirtió en un problema monumental que exigía acciones extraordinarias. Su decisión tiene en cuenta, con una visión global, que debe ponerse en marcha un esfuerzo colectivo, una serie coordinada de acciones diversas por parte de un equipo especializado para lograr la solución a un problema que se acumuló, en medio del mayor desgreño, durante décadas.
La Corte aceptó la propuesta de Pedro Nel Ospina, el competente presidente de Colpensiones, quien presentó un detallado programa de trabajo, de acuerdo con una estimación de tiempos y tareas de un amplio equipo de profesionales, que puso de manifiesto la capacidad de la entidad de eliminar en unos pocos meses un atasco que se remonta a los años del ISS.
Más allá de celebrar que el régimen de prima media, por fin, se ponga al día con los usuarios, la decisión de la Corte da lugar a dos interrogantes. En primer término, hay que preguntarse lo que sucederá después de que Ospina y su equipo de tecnócratas salgan de Colpensiones y esta entidad, como es previsible, quede, otra vez, en manos de los recomendados de los políticos de siempre, los mismos que han tratado de minar su credibilidad y sacarlo del juego, quienes seguramente, una vez lo consigan, se repartirán los puestos y los presupuestos, en forma semejante a lo que hicieron, una y otra vez, con el cadáver del desastrado ISS. El previsible éxito de la tarea de Ospina pondrá de presente, por contraste, que se requieren normas y compromisos adicionales para blindar a Colpensiones del clientelismo y la politiquería que imponen los acuerdos de la llamada gobernabilidad. De otra forma, todo lo que se logre en los próximos meses se perderá en otros pocos.
El segundo interrogante se refiere a las entidades y programas que escoge la Corte para intervenir y exigir resultados: ¿Por qué la Corte no toma una decisión semejante a la de Colpensiones en otras áreas donde el Estado muestra protuberantes fallas que afectan los derechos de decenas de miles de personas? Por ejemplo: ¿por qué no se le imponen plazos perentorios, cuyo incumplimiento genere graves sanciones, a las autoridades de la justicia para terminar, de una vez por todas, el horrible atraso de los juzgados, que se extiende, muchas veces, por varios años? ¿Por qué no les dan plazos perentorios, cuyo incumplimiento genere graves sanciones a los responsables, a los jueces para que resuelvan, de una vez por todas, los casos de las personas encarceladas sin que hayan sido condenadas, a veces, durante muchos años?