EL MINISTRO DE HACIENDA ACABA de hacer una advertencia sobre el severo impacto fiscal que van a tener los altísimos precios internacionales del petróleo.
El punto de partida de las preocupaciones del alto funcionario son las recientes proyecciones de los precios internacionales del crudo. Firmas como Goldman Sachs y varios observadores de la OPEP han pronosticado que estas cotizaciones podrían llegar a los US$200 por barril en un plazo de dos años (hoy ya superan los US$123 por barril, pero las cuentas públicas, realizadas con la mejor información disponible de hace algunos meses, contemplan cifras de apenas US$90 por barril).
Cuando aumenta el precio internacional del crudo, el Gobierno tiene dos opciones: o permite que suban proporcionalmente los precios del combustible en las estaciones (gasolina y diesel) o les gira la diferencia a los refinadores o importadores. Si no puede elevar los precios domésticos —por razones políticas, por asuntos de imagen o consideraciones sobre el aumento de la inflación—, no tiene más remedio que realizar enormes giros a los refinadores, con cargo a los recursos públicos.
La obligación de realizar estos giros se origina en el compromiso del Gobierno de hacerse cargo de la diferencia entre el precio de los combustibles que paga el público y el costo de refinación y de compra del petróleo crudo. Sin este compromiso no se habría podido privatizar la refinería de Cartagena ni se habría podido vender al público el paquete de acciones de Ecopetrol (los socios privados de las empresas no tienen por qué pagar los subsidios que otorga el Estado a algunos individuos).
El país debe decidir entonces si el aumento de los precios internacionales del petróleo debe ser pagado por el presupuesto nacional (todos los colombianos) o por los que compran los combustibles en las estaciones de servicio (principalmente los dueños de los vehículos particulares).
Se viene un gran golpe a las finanzas públicas. Ya que la eliminación completa del subsidio en el corto plazo exigiría que el precio al público de un galón de gasolina corriente subiera de cerca de $7.000 a más de $8.400, el Gobierno ha dado señales de que no quiere darse esta pela. Probablemente autorizará alzas semejantes a las recientes, alrededor de $80 mensuales, que podrían hacer que ese precio se acercara a los $8.000 por galón en un plazo de doce meses. El resto, la diferencia, se la girará a Ecopetrol y otros refinadores con cargo al presupuesto nacional.
El desangre del presupuesto puede ser torrencial. De acuerdo con los cálculos del experto Roberto Albán, si el precio internacional se mantiene en los niveles actuales, se tendrían que girar cerca de $3,8 billones por año, una suma equivalente a un punto del PIB. Y si el petróleo llega a los famosos US$200 por barril, el monto del subsidio ascendería a $10,4 billones por año, 2,5 puntos del PIB, un verdadero desastre fiscal y macroeconómico.
¿De dónde saldría la plata del Gobierno para pagar el subsidio a los combustibles? Sólo hay dos fuentes: o un mayor endeudamiento del Tesoro Nacional (mayor déficit) o un recorte equivalente de otros gastos (algo menos probable, especialmente en época electoral).
Ante el fuerte impacto fiscal, el país tendrá que cuestionar desde el punto de vista ético el hecho de que la Tesorería se endeude en montos fabulosos para mantener subsidios que benefician a personas de las clases medias y altas (los dueños de los vehículos). Pero eso no es todo. Si no se elevan los precios del diesel y la gasolina a los niveles internacionales, los consumidores nunca recibirán el mensaje de que deben cambiar sus hábitos y buscar tecnologías limpias que desplacen a los combustibles tradicionales. Tarde o temprano los subsidios tendrán que eliminarse.