EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE Santos anunció esta semana dos importantes iniciativas encaminadas a corregir viejos problemas del país.
Hay que celebrar, en primer lugar, la determinación del Ministerio del Transporte de eliminar las tablas de fletes, por medio de las cuales se obliga a toda la economía del país a transferirle una renta a un sindicato empresarial que se valió, varias veces, del chantaje para arrodillar a funcionarios débiles y ocasionar, con impunidad, serios daños al aparato productivo (esto comenzó con el gobierno de Samper, cuando un ministro le impuso a la economía nacional fletes mínimos para beneficiar a sus colegas del camión; más adelante, en los gobiernos de Uribe, el país vio en varias oportunidades cómo otro ministro sin aliento capitulaba ante los camioneros y les aprobaba fletes absurdos que atentaban contra la competitividad del país).
En el caso de que los transportadores decidan iniciar el paro, como están amenazando a través de los medios de comunicación, el país debe acompañar al Gobierno para que prevalezca frente a la amenaza y haga primar el interés general. Un perturbador movimiento patronal como el que se anuncia, en un momento de emergencia nacional, debe enfrentarse con la mayor severidad posible.
En esta materia, el país debería estudiar la recia reacción de la sociedad española frente al paro de los controladores aéreos del pasado diciembre que causó un enorme daño a su frágil economía. Los jueces españoles, con el apoyo del gobierno socialista y los principales partidos de oposición, avanzan en un proceso penal contra los promotores de ese cese de actividades.
Por otra parte, la anunciada reorganización de las corporaciones regionales es otra medida acertada. Por la lógica política, en los años noventa el ámbito de influencia de las corporaciones se limitó a los departamentos (no se optó por el criterio de las cuencas hidrográficas como aconsejaba la técnica) y, pronto, fueron capturadas por la politiquería y la corrupción.
La reforma ambiental debe ir más allá de los asuntos de las corporaciones. Además de la necesaria redefinición de los límites de estas entidades (las del Magdalena y del Cauca deberían, por ejemplo, abarcar todos los territorios comprendidos entre el nacimiento y la desembocadura de esos ríos; otra corporación debería tener a su cargo toda la zona de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta), la iniciativa debería establecer con claridad las responsabilidades, competencias e interrelaciones entre el Ministerio de Ambiente, las corporaciones regionales y los municipios.
Se deberían definir con precisión los procedimientos y las instancias técnicas para estudiar las aprobaciones y las reglas de manejo ambiental de las actividades mineras y petroleras. No se puede caer en la tentación de garantizar, inmediata e irresponsablemente, la aprobación de todos los proyectos (en aras de la llamada “confianza inversionista”), ni tampoco en la histérica parálisis conservacionista que puede impedir el desarrollo de este sector.
Es posible que los decretos sobre el manejo de las corporaciones marquen el comienzo de la necesaria revisión de todas las normas e instituciones ambientales. El análisis de las mejores prácticas internacionales y la incorporación de expertos de nivel mundial deberían iluminar el estudio y la implantación de las reformas.