La creciente crisis de la sociedad venezolana está obligando a los políticos e intelectuales latinoamericanos comprometidos con la democracia, en especial a los de la izquierda, a reexaminar sus convicciones y tomar partido frente a elementos fundamentales del funcionamiento del Estado y la sociedad.
En la época de Pinochet y Videla, pensadores de todo el mundo repudiaron la persecución contra los estudiantes, artistas y disidentes; se opusieron a la censura de prensa, la represión generalizada y la invasión del Ejecutivo en el ámbito de la justicia y el Congreso. Muchos políticos de todos los matices definieron sus ideas y convicciones mediante su oposición a esos regímenes totalitarios. Se proclamaron defensores de los principios liberales que eran avasallados por los dictadores.
Numerosos intelectuales de Colombia se sumaron al coro internacional que condenó los abusos de las dictaduras. Manifestaron su apego al respeto por los derechos humanos, la defensa de las libertades y la separación de poderes. Estos puntos de vista se concretaron en el respaldo de numerosos sectores de la izquierda a la Constitución de 1991, que establece una amplia gama de garantías y derechos sociales dentro de un marco de libertades públicas.
La crisis de Venezuela está obligando a los voceros de la izquierda de la región a revisar, una vez más, su consistencia doctrinaria. Ahora que el gobierno de Maduro subordina la justicia, silencia la prensa libre, persigue a los estudiantes y tolera los asesinatos cometidos por grupos paramilitares, numerosos personajes que se llaman progresistas guardan silencio o buscan justificaciones y atenuantes. Realizan increíbles maromas mentales, algunas registradas en las páginas de opinión de este mismo periódico, para condonar y pasar por alto las mismas cosas que les parecían intolerables en los gobiernos autocráticos del Cono Sur.
Otra contradicción se refiere a la manera como juzgan la injerencia de otros países en los asuntos internos de Venezuela. Durante décadas, la denuncia de la subordinación de los gobiernos de derecha a Estados Unidos fue una parte fundamental de la crítica a esos regímenes. Pero ahora que es abrumadora la influencia de Cuba en el manejo del ejército, la seguridad y la inteligencia, así como en la dirección política del gobierno bolivariano en contra de, por lo menos, el 50% de la población, ciertos intelectuales que antes protestaban indignados contra los abusos del Tío Sam, ahora callan y comprenden.
Esta discusión es importante para el futuro de la democracia en Colombia. Algunos líderes y muchos intelectuales autodenominados democráticos deben reexaminar su compromiso con la libertad, los derechos humanos y la soberanía nacional. El país tiene derecho a saber si respaldan los principios que echaban de menos en las dictaduras militares o si piensan que, una vez el populismo llega al poder, los abusos que eran intolerables en la derecha se convierten en aceptables e incluso necesarios en manos de los caudillos que tratan de asegurar “mayorías permanentes”.
El caso de Chile en esta materia también es relevante. La izquierda de ese país ha demostrado en el ejercicio del gobierno que respeta las libertades y los derechos de los ciudadanos, y acepta la alternación y los límites del poder, sin renunciar a su objetivo de lograr un país más justo y equitativo.