El país reaccionó con sorpesa, indignación y solidaridad con las víctimas del bárbaro atentado terrorista cometido por el Eln el pasado jueves. La bomba que explotó en las instalaciones de la Policía Nacional tristemente nos recordó tragedias que ya creíamos superadas, en especial después de las expectativas que suscitó el proceso de paz con las Farc. Vinieron a nuestra memoria el asalto al Palacio de Justicia, las bombas de Pablo Escobar, el atentado contra el Club El Nogal, el collar bomba y otras atrocidades de la gente de Tirofijo. Nos hizo pensar que esta cadena de horrores no había terminado.
Por esta razón, después de los multitudinarios llamados a la unión, las sentidas condolencias y las voces de respaldo a la Policía y a las instituciones, debemos preguntarnos por las acciones concretas que puedan hacer que estos sentimientos se canalicen hacia políticas efectivas que nos lleven a la derrota del terrorismo. Si no se producen respuestas adecuadas, que reciban un amplio apoyo político y social, es posible que, ante la ocurrencia de otros crímenes, vengan la frustración y las recriminaciones.
El primer paso, por supuesto, es señalar y comenzar a perseguir a los culpables, una tarea en la cual las autoridades mostraron singular rapidez y diligencia. No hay duda de que la gran mayoría de los ciudadanos, en sus hogares y ocupaciones, de corazón, apoyan a las Fuerzas Armadas y a las autoridades de justicia. Pero esto, por sí solo, no es suficiente. Es necesario realizar un acuerdo político y social para adelantar la lucha contra el terrorismo. Esta lucha, como en otros países que han combatido con éxito este flagelo, debe ser una política de Estado, por encima de la rutinaria confrontación de las fuerzas políticas. Los principales partidos, del Gobierno y la oposición, atendiendo la convocatoria del presidente, deberían respaldar los principios y las acciones de este empeño en defensa de la Constitución y la ley, superando, en esta materia, la polarización y los afanes electorales de corto plazo.
El Eln debe recibir de toda la sociedad colombiana el mensaje categórico, como el que en su momento recibieron las Farc, de que rechaza sus criminales atentados contra la infraestructura y el medio ambiente, repudia y se horroriza por sus secuestros, extorsiones, asesinatos y viles actos terroristas como el del pasado jueves. A este grupo guerrillero no le debe quedar ninguna duda de que en la democracia colombiana ningún cambio político y social se puede alcanzar por medio del terrorismo, la intimidación y el crimen.
La diplomacia colombiana debe exigir a la comunidad internacional la condena rotunda de las acciones terroristas de este grupo guerrillero, junto con el señalamiento de que se trata de atentados semejantes a los que demencialmente cometen facciones fanáticas como ISIS y Boko Haram.
La lucha contra el terrorismo del Eln se topará rápidamente, por lo menos, con dos obstáculos. El primero es el amparo que, de tiempo atrás, el gobierno chavista les proporciona a los jefes de este grupo y sus actividades criminales. Y el segundo es, por supuesto, el narcotráfico y los grandes cultivos de coca, cuya explotación beneficia y financia a esa guerrilla. El firme y cuidadoso manejo de estos hechos debe ser un elemento central de las políticas y acuerdos en la batalla contra el terrorismo