UNA DE LAS POCAS SEÑALES POSItivas que están recibiendo los consumidores de todo el mundo, en medio de la recesión y la creciente desocupación, ha sido la caída de los precios de los productos básicos: el petróleo, los alimentos, las materias primas en general. Por esta razón, la inflación está cayendo en Europa, Estados Unidos y muchos países emergentes; se alivia así la fuerte reducción del ingreso real de las familias.
En Colombia, en cambio, el Gobierno se ha empeñado en no dejar bajar el precio de algunos productos clave de la canasta familiar. Sus tortuosas decisiones no permiten que caiga la inflación. En contra de los insistentes llamados del Banco de la República, se opone a la reducción de los precios de los bienes agrícolas que pueden importarse; y se opone también a la baja del precio de la gasolina y otros combustibles. Impide así que mejore el ingreso de la gente (incluyendo las 600 mil personas que, según el DANE, perdieron su ocupación en los últimos doce meses).
El Gobierno colombiano tiene un interés económico en estas medidas impopulares. Captura, mediante aranceles e impuestos, la brecha que existe entre los altos precios internos y los declinantes precios internacionales. Así mejora sus recaudos y aumenta su capacidad de gasto.
Incrementar los impuestos es todo lo contrario de lo que debe hacerse en momentos de recesión o de seria desaceleración económica. Ya se sabe, por ejemplo, que el gobierno de Obama impulsará una fuerte reducción de los impuestos para reactivar el gasto de los hogares y estimular así la demanda agregada.
Después de que cayó el precio internacional de la gasolina, el precio doméstico se mantuvo inalterado y los colombianos comenzaron a pagar un nuevo impuesto. Se creó una diferencia entre el precio interno y el externo, con la cual se constituyó un fondo de estabilización. La idea es que cuando suba el precio externo, se podrán suavizar o demorar las previsibles alzas del precio interno. Mientras tanto, el fondo compra TES y financia al Gobierno.
Hubiera sido mejor decretar la liberación inmediata de los precios y del comercio internacional de combustibles. Así, de un golpe los precios domésticos hubieran caído y el mercado hubiera quedado notificado de que el precio interno debería, en lo sucesivo, ser siempre igual al precio externo, ajustado por tasas de cambio, impuestos y costos de transporte. Y cuando subiera el precio externo, como se prevé que ocurra en los próximos meses, todo el mundo sabría que el precio interno se ajustaría inmediatamente hacia arriba. Estas alzas ya no habrían sido una decisión del Gobierno.
En materia jurídica también han surgido varios interrogantes. Como en realidad se está cobrando un nuevo impuesto a los colombianos, varios expertos insisten en que el nuevo tributo a la gasolina es ilegal por cuanto no fue aprobado por el Congreso. Se añade que el Plan de Desarrollo sólo permite que el fondo de estabilización se nutra con los recursos del llamado FAEP; allí no hay facultades para crear un impuesto al consumo de combustibles para nutrir dicho fondo.
Sorprende que un gobierno que toma tantas medidas contra la gente sea todavía tan popular. Sorprende que los partidos y los representantes obreros no cuestionen estas iniciativas. Sorprende que no haya más discusiones sobre temas tan importantes de la vida económica y social.