De acuerdo con la Constitución de 1991, el municipio debía ser el principal ejecutor de las funciones sociales del Estado. La Nación se limitaría al financiamiento y apoyo de las entidades locales.
Este modelo fue puesto en entredicho en las dos décadas pasadas.
El primer cuestionamiento surgió de sus resultados. Ante el aumento de transferencias, los avances en términos de equidad y pobreza fueron escasos y, en ciertos casos, nulos. Se destacan, en cambio, el desperdicio y la corrupción, escandalosos en el caso de las regalías.
No se cumplió el sueño constitucional que planteaba que la comunidad local, representada en concejos y gobiernos municipales, conocía mejor sus necesidades y controlaría el buen manejo de los recursos. Mafias de políticos y delincuentes se apropiaron de la plata, mientras que la comunidad siguió tanto o más alejada de la dirección de sus asuntos que cuando reinaba la centralización. No es una coincidencia que muchas de las propuestas autonomistas hayan sido apoyadas por los grupos más corruptos.
El segundo golpe se originó en las políticas de la Nación. En los últimos diez años, el Gobierno central pasó a realizar y ejecutar, directamente, importantes actividades sociales en las comunidades locales, entre ellas, Familias en Acción, los programas de desplazados y reinsertados, al tiempo que amplió sus programas del Sena e ICBF.
El retorno del centralismo se dio por: (i) la orientación política de los gobiernos de Uribe; (ii) la reiterada incapacidad de muchos departamentos y municipios (palpable con los fracasos de la reconstrucción después de la emergencia invernal); (iii) las posibilidades de las tecnologías de información que permiten que el nivel central pueda monitorear las intimidades de la comunidad, entre ellas, por ejemplo, si una madre vacunó o no a sus hijos o si éstos fueron el martes o el viernes a la escuela (cayó así uno de los grandes supuestos municipalistas: que el gobierno local conocía mejor a su comunidad).
La creación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social reafirma la determinación de la Nación de tener injerencia en la vida de las comunidades. Aunque es claro que la descentralización no se va a desmontar, ella va a ser más intervenida y dirigida de lo que soñaron los constituyentes de 1991.
En las discusiones académicas también se han criticado las transferencias incondicionales, aquellas que no exigen un compromiso con los resultados. También se ha cuestionado la financiación de insumos —libros, computadores, escuelas—, sin exigir resultados a los responsables, en el caso de la educación, de que obtengan, por ejemplo, cifras de niños que terminan primaria o bachillerato con buena calidad.
En esta materia, una de las propuestas destacadas es Cash on Delivery, COD, planteada por la economista Nancy Birdsall, que propone un sistema basado en contratos, por medio de los cuales la entidad que hace las transferencias se compromete a pagar a los contratistas por el logro efectivo de ciertas metas. Se trata de transferencias posteriores (sin anticipos) que no condicionan la forma de alcanzar los resultados (ésta es una decisión soberana del ejecutor). Si no se obtienen las metas, no hay plata. Éste puede ser uno de los caminos para el futuro de la colaboración entre el Gobierno y los departamentos y municipios.