El país está presenciando dos historias opuestas.
En un extremo, los directivos del Gimnasio Moderno, un tradicional colegio de Bogotá, despiden al rector porque la institución no aparece entre las 200 primeras en las pruebas del Icfes y, además, el funcionario se opuso al bilingüismo. En el otro, ante la bancarrota de la calidad de la mayoría de las escuelas del país, no se hace nada o se hace muy poco (las pruebas de PISA nos recordaron que cerca de la mitad de los jóvenes de 15 años, a pesar de haber asistido a escuelas toda su vida, sufre de analfabetismo funcional).
Ante estas dos historias, vale la pena preguntarse por qué en Colombia no existe la prioridad de establecer una educación de buena calidad para las mayorías. A pesar de las buenas intenciones de algunos gobernantes, entre ellos el general Santander, los presidentes radicales del siglo XIX y casi todas las administraciones a partir del Frente Nacional, los avances han sido insuficientes.
Son varias las razones que se anotan para explicar la complacencia con el caos educativo. En primer lugar, como los miembros de las élites tradicionalmente han enviado a sus hijos a colegios privados y religiosos, no han tenido incentivos para extender la cobertura y la calidad de la educación de la mayoría de la población. Es común que, incluso, los hijos de líderes de izquierda y los de los dirigentes sindicales asistan a escuelas privadas (como una excepción, Luis Carlos Galán envió sus hijos a un colegio público).
En segundo lugar, el escaso desarrollo tributario y administrativo de los municipios, cuya dirigencia tampoco se preocupaba del tema, impidió que los gobiernos locales se pudieran encargar de la educación (lo contrario sucedió en Estados Unidos y otros países). Sólo cuando se organizó un sistema de transferencias de la Nación a los entes territoriales, se pudo asegurar una financiación estable de la primaria y la secundaria. A pesar de este esfuerzo, que ha dado frutos en materia de cobertura, la mayoría de los gobiernos locales y las comunidades no se involucran en la administración de sus sistemas educativos (no tienen, en realidad, control directo sobre ellos).
En tercer lugar, la diversidad racial y geográfica, en un país que por muchos años ha mantenido enormes brechas entre el desarrollo de sus regiones, hizo que se crearan abismos entre la educación de las ciudades avanzadas y la de las provincias remotas.
En cuarto lugar, al secular desinterés de la dirigencia política y económica por la educación (que se ha reducido en los últimos años con la activa vinculación de fundaciones y grupos de empresarios a proyectos educativos), se ha sumado la politización de los maestros y la concentración de sus energías en asuntos gremiales, lejos de los proyectos e iniciativas orientadas a elevar la calidad educativa. Distintos estudios recientes muestran, además, que la formación de la mayoría de los docentes es muy baja. Cualquier esfuerzo por mejorar la calidad de la educación deberá comenzar por la capacitación masiva de los jóvenes que aspiran a ser docentes en buenas escuelas de pedagogía (bastante escasas en el país).
La educación del país mejorará sólo cuando termine la complacencia con la mediocridad, con la calidad deficiente y, en forma decidida, se introduzcan correctivos como los que los padres de familia han impuesto en el Gimnasio Moderno.