Dado que la trasformación de Petrobras –una compañía estatal que recibió participación privada en la Bolsa de Valores, pero siempre con la mayoría accionaria del Gobierno– fue el modelo de la reforma de Ecopetrol, es útil examinar lo que hoy sucede en Petrobras para, si fuera posible, evitar que se repitan en nuestro medio algunos de sus problemas.
Los expertos coinciden en que el problema de Petrobras es la excesiva influencia del Gobierno. Insisten en que, por razones políticas, el Ejecutivo brasileño obliga a esa empresa a hacer inversiones absurdas, como construir refinerías sin rentabilidad en el noreste, y mantener controlado el precio de la gasolina con cargo a sus utilidades.
Estos desatinos se facilitan por el hecho de que los accionistas minoritarios no tienen poder para frenar o cuestionar las determinaciones que impone el Gobierno. Los resultados, como era de esperar, han sido desastrosos: Petrobras ha perdido la mitad de su valor de mercado en los últimos años.
Aunque se trata de un caso bastante diferente, ciertos analistas no pueden dejar de percibir algunos de estos elementos en el caso de Ecopetrol. Se ha conocido, por ejemplo, que la refinería de Cartagena, una decisión política, que debía costar US$2.500 millones, sobrepasará los US$7.000 millones (y la amenaza de sobrecostos vuelve a surgir con el llamado Plan Maestro de Barrancabermeja). Y se señala también que Ecopetrol realizó inversiones de escasa rentabilidad al adquirir ciertas empresas del sector hace algunos años.
Es posible que los altos precios del petróleo permitan que, a pesar de haber hecho algunos negocios poco rentables, Ecopetrol todavía arroje resultados halagüeños. Esa situación de holgura, como es natural, no se mantendría si los precios del crudo bajaran a niveles de US$80 por barril o incluso menos. En ese momento saldrían a flote los impactos negativos de las malas decisiones del pasado.
A pesar de que en los últimos años el Gobierno ha respetado las opiniones técnicas de la empresa y las posturas de los miembros independientes de la Junta Directiva, eso sí, no ha dejado de raspar la olla en materia de dividendos. Parecería que las necesidades inmediatas de la Tesorería tienen prelación sobre el fortalecimiento patrimonial y el futuro de la empresa.
La manera de evitar que Ecopetrol pudiera seguir por el camino de Petrobras es elevar la participación privada a por lo menos el 30% del capital accionario de la empresa y, simultáneamente, establecer reglas que limiten la capacidad de los gobiernos futuros de imponer malas decisiones. En particular, se debería asegurar que el Gobierno, por sí solo, no pueda determinar el volumen de dividendos y consagrar en los Estatutos el poder de veto de los minoritarios sobre otras decisiones clave que pudieran amenazar el futuro de la empresa.
Esta es una buena oportunidad para comenzar a planear la capitalización de Ecopetrol, por medio de emisión de acciones dirigidas al público en general, e introducir algunas modificaciones a las reglas de gobierno corporativo para blindar la empresa de la influencia nociva que pudiera tener algún gobierno irresponsable en el futuro. De esta manera, los accionistas privados podrían estar seguros de que no verán el futuro del valor de sus inversiones en el espejo empañado del presente de Petrobras.