La democracia colombiana debe prepararse, como lo han hecho otras, para que los partidos de la oposición lleguen al poder sin que se produzcan traumatismos en el manejo de asuntos que interesan a toda la sociedad. Una de las claves para que esto ocurra es que se mantenga y, cuando sea preciso, se refuerce la independencia de entidades como el banco central, los órganos de la justicia, las comisiones de regulación y otras unidades técnicas del sector público. Pero, también, cuando sea necesario, que se creen nuevos organismos independientes que operen lejos de los vaivenes electorales y eviten sus efectos nocivos sobre la calidad de la burocracia y la orientación de las políticas públicas.
Este es el contexto dentro del cual se enmarca la propuesta de la Comisión del Gasto de crear en Colombia un Consejo Fiscal, semejante a organismos que ya operan en varios países del mundo. Se trata de un organismo público, independiente, con gran capacidad técnica para evaluar la situación fiscal, realizar proyecciones, estimar el costo y el impacto de decisiones legislativas y judiciales, así como el de políticas, presupuestos y reformas tributarias y de gasto público.
El Consejo Fiscal no tendría ninguna responsabilidad sobre el manejo de la política fiscal (no se apropiaría de las funciones del Congreso y el Ejecutivo). Pero aportaría sus estudios, cálculos, conceptos y proyecciones a las deliberaciones y debates previos a la toma de decisiones.
Un conocido ejemplo de lo que hacen estos consejos es el trabajo de la respetada Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos. En los meses pasados esta Oficina realizó estimaciones sobre el impacto de la reforma a la salud de ese país, Obamacare, y sobre los ganadores y perdedores de la reforma tributaria propuesta por el presidente Trump y el Partido Republicano. Con sus estudios y proyecciones, tanto los políticos como los think tanks y la opinión pública tuvieron valiosos elementos de juicio para tomar posiciones frente a esas iniciativas.
En Colombia, el Consejo podría evaluar, en forma anticipada, el impacto fiscal de las decisiones más importantes de las cortes de justicia, organismos que han pasado a tener una gran responsabilidad en la creación y asignación del gasto público en el país, infortunadamente, sin disponer de todos los elementos de juicio sobre el impacto y el costo de sus determinaciones. Como se dijo antes, los estudios del Consejo no serían vinculantes, pero, sin duda, podrían iluminar el análisis de los magistrados de materias de alta complejidad técnica y financiera.
En el campo de los asuntos macroeconómicos y presupuestales, con esta propuesta se busca que este Consejo Fiscal independiente, y no únicamente el gobierno de turno —que podría tener la comprensible tentación de analizar su propia gestión con un lente positivo—, también contribuya con sus opiniones técnicas sobre la situación fiscal y sus proyecciones en el corto y mediano plazo. Se enriquecería, de esta forma, la discusión y se tendrían puntos de vista alternativos que redundarían en la discusión y mejoría del diseño y la vigilancia de la política fiscal del país.
Es horrible la calidad del servicio de los celulares. Desde hace meses, y con desesperante frecuencia, las llamadas se caen, no entran, no se oye nada. ¿Qué dicen sobre esto las autoridades?