ESTÁN EQUIVOCADOS TODOS AQUEllos que dicen alarmados que el costo total del referendo será de $110.000 millones, es decir, la suma requerida por la Registraduría para organizar y procesar el certamen previsto para el fin del año. Aunque elevado, este será el menor de los impactos de dicha iniciativa.
Incluso si el referendo no es aprobado, el país ya ha incurrido, por su causa, en tres enormes costos.
En primer lugar, el referendo y, en general, el esfuerzo reeleccionista desplazaron de la agenda política el estudio de propuestas dirigidas a resolver problemas como el desempleo, la impunidad, las pensiones, el caos tributario, el atraso de la infraestructura. Desde hace años ni el Ejecutivo ni el Congreso han promovido ni estudiado ninguna de las grandes reformas que necesita el país. Toda la energía política de la coalición de Gobierno se ha concentrado únicamente en la reelección. Mientras tanto, los problemas se han acumulado de forma peligrosa.
En segundo lugar, el Gobierno, siempre con la mira en la reelección, se ha dedicado a bombardear los medios de comunicación y la opinión pública con acciones dirigidas a mantener y fomentar su popularidad. Otorga subsidios, realiza foros, busca golpes de imagen. A causa de este populismo mediático, exitoso desde el punto de vista de los índices de favorabilidad, hace años dejó de impulsar las necesarias reformas estructurales que suscitan controversias y que enfrentan fuertes resistencias, cuya discusión pudiera acarrearle algún desgaste en las encuestas. Ya que el cálculo político de corto plazo prevalece sobre las necesidades de largo plazo de la sociedad, se han postergado indefinidamente las medidas que el país requiere urgentemente en áreas críticas de su desarrollo.
Un tercer costo consiste en que su afán por asegurar la aprobación del referendo ha obligado al Gobierno a apoyar iniciativas retardatarias como la llamada reforma política que premia y protege a los congresistas aliados del proyecto reeleccionista. Se trata de una transacción: los congresistas apoyan la reelección del Presidente a cambio de que el Gobierno apoye medidas que faciliten la reelección de los parlamentarios y que los protejan de la acción de la justicia. El costo del referendo, entonces, es la devaluación de la democracia, la exclusión de grupos independientes y el bloqueo de las iniciativas tendientes a purificar el ejercicio de la política.
El conjunto de estos hechos implica que a causa de la larga discusión del referendo, Colombia ha perdido años preciosos; se ha rezagado aún más frente a países que, a pesar de sus dificultades económicas, han avanzado en la solución de sus problemas, protegido sus instituciones, mejorado sus indicadores de desarrollo económico y social. El verdadero costo del referendo, en una palabra, es que Colombia se ha quedado atrás de países como Chile y Brasil, y se ha acercado a otros como Venezuela y Ecuador.
Si la reelección sale adelante, a todos los costos anteriores habría que sumarles el hecho de que la democracia y las instituciones quedarían seriamente resquebrajadas. Se rompería el sistema de pesos y contrapesos. Colombia entraría a compartir un régimen de gobierno semejante al que rige a nuestros vecinos del norte y del sur. La reelección, una epidemia andina, sería otra de las características del atraso de esta región.