HA CAUSADO ESTUPOR LA AFIRMAción del Ministro de Comercio Exterior en Washington de que Colombia no necesita una reforma laboral.
Este planteamiento es aun más impactante porque los serios problemas del mercado de trabajo reducen la competitividad de las exportaciones y, por su impacto sobre la pobreza, causan dificultades en las negociaciones de los tratados de libre comercio.
Incluso los estudiantes universitarios de los primeros semestres saben que el desempleo en Colombia es uno de los más elevados de América Latina; están enterados de que no cayó a cifras de un solo dígito, ni siquiera cuando la economía crecía por encima del 6% por año, y que la informalidad ya cobija al 58% del mercado de trabajo. En las aulas se explica también que estos asuntos inciden directamente en la pobreza y la desigualdad. Allí también se enseña que el problema laboral se origina en normas y regulaciones equivocadas que, con buenas intenciones, les hacen un gran daño a millones de colombianos.
Cuando se buscan las causas de estos problemas, rápidamente se aprecia que cerca del 35% de los trabajadores de las ciudades gana menos del salario mínimo y que este porcentaje es mucho mayor en el campo. Millones de personas se ven forzadas a burlar una norma que no pueden cumplir, a través de la informalidad. Cuanto más sube el salario mínimo, más aumentan el rebusque y la pobreza.
Otra de las causas de los graves problemas laborales es la carga parafiscal. Por cada 100 pesos que paga un patrón a un trabajador, debe cancelar casi otros 60 pesos por concepto de pensiones, salud, Sena, ICBF, cajas de compensación, entre otros. Para evitar estos costos que amenazan con arruinarlos, muchos empresarios pequeños también se ven obligados a operar en la informalidad, lejos del control del Estado. Así, millones de trabajadores quedan por fuera de las normas legales que los pudieran proteger.
Una de las raíces de la crisis de la salud es que un número cada vez más reducido de trabajadores formales hace aportes para ayudar a subsidiar a un número cada vez mayor de personas informales que no cotizan a los sistemas de seguridad social.
Para cerrar el círculo, la política social se ha dirigido a estimular la informalidad por medio de generosas transferencias y subsidios que premian la evasión de las normas laborales y de seguridad social.
Los altos costos del trabajo, unidos a los absurdos subsidios a las máquinas, los equipos y a la automatización, terminan por completar el desastroso panorama laboral del país.
Los expertos del país y del exterior piensan que es indispensable una reforma profunda al mercado de trabajo y a los impuestos y los subsidios sociales y empresariales. Ya nadie cree las explicaciones simplistas que dicen que todo se soluciona con un mayor crecimiento económico que no está a la vista. Tampoco es confiable el cuento de que la salvación laboral es construir infraestructura o unos cuantos miles de viviendas de interés social. Hace falta mucho más que eso.
No queda más remedio que el próximo gobierno, en manos de alguno de los buenos candidatos que hoy se disputan la Presidencia, acometa las inaplazables reformas que requiere el país. En las próximas semanas, este tema, seguramente, concentrará la atención de los candidatos que debatirán las propuestas, como la de Fedesarrollo, que están a su consideración.