Después de los importantes acuerdos en materia de justicia y del esperanzador anuncio de que se firmará el acuerdo de paz con las Farc antes de que termine marzo de 2016, el país discutirá en los meses venideros los cambios legales y constitucionales necesarios para poner en marcha lo pactado en La Habana.
Entre tantas tareas, los negociadores tendrán que cerrar los temas pendientes, necesarios para concluir los primeros acuerdos, en especial los referentes al desarrollo rural y la reforma agraria. De acuerdo con el resultado de estas labores, y una vez se tenga el inventario completo de las entidades y cargos que se van a crear y las inversiones que se van a emprender, se obtendrá un estimativo completo de los nuevos gastos en que va a incurrir el Gobierno en los próximos diez o 15 años. En ese momento surgirá, naturalmente, la pregunta: ¿de dónde saldrá la plata? Ya sabemos que la respuesta es que plata no hay, pero, por la importancia del asunto, habrá que conseguirla.
Plata no hay porque, a raíz de la abrupta caída de los precios del petróleo, los ingresos del Estado han disminuido en forma sustancial, ha aumentado el déficit fiscal, está subiendo aceleradamente la deuda pública y, después de años de holgura, ha sido necesario imponer la austeridad en numerosos rubros de las finanzas públicas. La inversión pública ha caído por dos años consecutivos y muchos de los gastos presupuestados a duras penas alcanzan para atender delicados programas sociales, entre otros los de salud y educación. Se sabe también que, infortunadamente, no se podrá mantener el acelerado ritmo de construcción de carreteras del plan 4G.
Las autoridades económicas han aceptado que, incluso sin considerar los gastos del proceso de paz, se debe producir un incremento de los recaudos para reemplazar los recursos perdidos por el menor precio del petróleo (y la expiración de algunos impuestos transitorios). Por esta razón, una comisión de expertos pronto presentará sus recomendaciones sobre el contenido de una reforma tributaria estructural con cuyo producido se puedan financiar las obligaciones del Estado en los próximos años.
Aunque el Gobierno ya está presupuestando numerosas partidas para el manejo del posconflicto, no hay duda de que la financiación de la mayoría de los gastos del proceso de paz —que no están contemplados en las estimaciones de la comisión de expertos— exigirá medidas tributarias adicionales. Este es un tema que tendrá que hacer parte de las discusiones que se deben emprender en los próximos meses.
Lo ideal sería que en las reformas constitucionales y legales que desarrollen los acuerdos con la guerrilla se incluyan normas que permitan la consecución de nuevos recursos tributarios para hacer frente a los nuevos gastos. Es importante recordar que la Asamblea Constituyente de 1991, por iniciativa del equipo económico del Gobierno de la época, aprobó el artículo transitorio 43 que, en caso de que el Congreso no actuara en los primeros 18 meses después de la expedición de la Carta, autorizaba al Presidente de la República a expedir por decreto una reforma tributaria para arbitrar los recursos necesarios para atender los gastos creados por la nueva Constitución.
Las reformas que se expidan en los próximos meses deberían asegurarnos de que la paz vendrá con el pan debajo del brazo.