Así como, a punta de acumular evidencias que los contrariaban, los norteamericanos llegaron a cuestionarse la idea —mucho tiempo un artículo de fe en su cultura— de que lo que era bueno para General Motors era bueno para EE. UU. , en Colombia debemos examinar si todo lo que es bueno para Ecopetrol es bueno para el país.
Ante todo, hay varias áreas en las cuales los intereses de Ecopetrol están estrechamente alineados con los de los colombianos. La empresa es la mayor fuente de recursos del Gobierno Central. Miles de sus accionistas reciben dividendos y se benefician de la valorización de sus acciones. Ecopetrol emplea, directa e indirectamente, a decenas de miles de personas en todo el territorio nacional.
En el otro lado de la moneda, sin embargo, de acuerdo con el concepto de reconocidos expertos, la empresa mantiene una posición dominante en varios mercados. Por “posición dominante” se entiende la capacidad de una empresa de ejercer poder monopólico, es decir, imponer, con poca o ninguna competencia, sus condiciones de precios y cantidades.
¿En qué áreas tiene Ecopetrol una posición dominante? En numerosos aspectos de la refinación de combustibles líquidos y derivados del petróleo, transporte y distribución mayorista de combustibles líquidos y de gas. Y se beneficia también de la llamada integración vertical, o sea, el poder que surge de la integración de distintas partes de las cadenas de producción, transporte y ventas mayoristas.
Cuando se reconoce que una empresa tiene poder dominante en varios mercados, una situación que está apuntalada o reforzada por regulaciones e impedimentos a la libre competencia, ella se beneficia de ingresos que se sitúan por encima de los que se darían en una situación de competencia. Por esta razón, pese a que las autoridades se congratulan con las utilidades que reciben de la petrolera, la sociedad, en conjunto, puede perder bienestar y, por esta razón, en muchos países las autoridades imponen controles o crean condiciones para que impere la competencia.
Dado que en Colombia la competencia está consagrada en la Constitución, este es un tema que debe analizarse en forma cuidadosa. La SIC, el Ministerio de Minas y la CREG, de la mano de investigaciones y análisis técnicos y jurídicos, deberían analizar la forma de desregular e introducir condiciones competitivas en los mercados energéticos colombianos.
La situación más delicada es la de altos funcionarios que, por momentos, se ciñen, alternativamente, dos sombreros: uno como directivos de la empresa que los obliga a tratar de maximizar sus utilidades, a veces, tal vez, a costa del bienestar de los colombianos; otro como representantes de los intereses de todos los consumidores, el mismo sombrero que los obligaría a propender por una mayor competencia y apertura, algo que en numerosas circunstancias podría ir en contra de los intereses de la empresa y de sus miles de accionistas.
Hace unos años, en una situación parecida, el ministro de Comunicaciones, alegando, con razón, que tenía un conflicto de intereses, se retiró de la junta de Telecom —en esa época un monopolio— para poder orientar una amplia política de apertura de los servicios de comunicaciones dirigida a maximizar la competencia y facilitar la concurrencia de numerosos operadores para el beneficio de todos los colombianos.