EN EL ÚLTIMO NÚMERO DE ÁMBITO Jurídico, el abogado Francisco Reyes Villamizar, reconocido experto en derecho comercial, llama la atención sobre un mico que se coló en el proyecto de la llamada Ley de Formalización Laboral y Primer Empleo, un exabrupto que atenta seriamente contra los propósitos del Gobierno de impulsar la formalización de miles de empresas.
En lugar de reducir o eliminar los costos de las empresas pequeñas, algunos funcionarios del Gobierno —sin duda mal asesorados— le propusieron al Congreso que impusiera “sanciones draconianas a aquellas compañías y empresarios que no paguen las gravosas tarifas que se cobran por el registro”. Reyes Villamizar piensa que los castigos propuestos son tan drásticos que podrían llevar incluso a la disolución y liquidación de las empresas afectadas.
Este proyecto de ley va en contravía de lo que necesita el país. Las distintas comparaciones internacionales muestran, sin excepción, que los costos de las empresas en Colombia son demasiado elevados y han recomendado que se reduzcan las barreras que impiden la formalización de miles de entidades.
Reyes Villamizar no se limita a proponer que se eliminen los micos de ese proyecto de ley. Insiste en que es necesario adelantar una reforma profunda al anacrónico régimen de cámaras de comercio, en realidad un vestigio de tiempos pretéritos cuando no se pensaba en formalización, ni internacionalización, ni competitividad de la economía colombiana.
Reyes Villamizar propone que los empresarios puedan escoger libremente la cámara de comercio donde registran y matriculan sus actividades. En su concepto, se debe eliminar el monopolio geográfico de cada una de las cámaras y establecer la libre competencia entre estos organismos en todo el país. Una empresa de Bogotá, por ejemplo, podría registrarse en Medellín o Cartagena, y una de Medellín en Cali, Barranquilla o cualquier otra ciudad. De esta forma, las distintas cámaras de comercio competirían entre sí por ofrecer más servicios y mejores precios. De esta forma, los costos para los empresarios se reducirían y recibirían mejor atención.
La manera de llevar a la realidad esta idea es establecer un sistema de registro electrónico en todo el país. Dice Reyes Villamizar: “como ocurre en los países más avanzados, cualquier usuario tendría acceso a los documentos inscritos, podría obtener copias y, si fuere el caso, adquirir certificados auténticos en línea”.
Ante el acoso de los onerosos cobros por parte de las cámaras de comercio, gremios como Acopi o Fenalco, que agrupan y defienden los intereses de pequeñas unidades económicas, deberían asumir la defensa vigorosa de las ideas de reforma y modernización como las que ha planteado el doctor Reyes Villamizar. Probablemente, lo mismo debería hacer el Consejo de Competitividad, una entidad creada precisamente con el propósito de plantear soluciones a los muchísimos problemas microeconómicos que enfrentan los empresarios del país.
A pesar de algunos pequeños avances, las actividades de las firmas colombianas, sobre todo las pequeñas, continúan agobiadas por peajes, costos y sobrecostos. Esto es lo que explica la enorme informalidad empresarial en el país. Los estudios y propuestas sobre la competitividad, hasta ahora demasiado vagos, teóricos y generales, deberían pasar a discutir y proponer soluciones concretas.