A QUIENES SE HAN OPUESTO A LA idea de que el Gobierno contrate a cientos de estudiantes para hacer delaciones, se los sindica, como es usual, de favorecer a la guerrilla y a los enemigos del Estado. Se dice también que las delaciones y la compra de información han sido útiles en la guerra contra los terroristas.
Ambos argumentos son engañosos. La enorme mayoría de los críticos de la propuesta piensa que todos los ciudadanos tienen la obligación de denunciar a los criminales. Es más, piensa que no sólo es lícito sino aconsejable que, cuando sea necesario, se pague por información que lleve a la captura de delincuentes y guerrilleros. Celebran, además, el uso de este tipo de inteligencia en numerosas operaciones exitosas contra las Farc.
Lo que el Gobierno desconoce es que su nueva propuesta es diferente a sus iniciativas anteriores. Ya no se trata de pagar por informaciones aisladas que puedan conducir a la captura de delincuentes o al rescate de algún secuestrado. Se trata ahora de reclutar a cientos de estudiantes, como informantes pagados y adiestrados, para que mantengan una relación estable, de largo plazo, con la Policía o las fuerzas de inteligencia. Para que se dé esta relación es obvio que debe existir previamente un proceso de selección de los delatores, un entrenamiento y una forma sofisticada de militancia, de supervisión y de relacionamiento entre las autoridades y los grupos de informantes. Esto no se había ensayado antes en la llamada Seguridad Democrática.
Los nuevos grupos de delatores tendrían, en realidad, algunas de las características que los académicos encuentran en los de milicianos con ciertos rasgos paramilitares: se trataría de grupos de civiles entrenados, que desempeñarían funciones de policía y vigilancia de otros civiles, de acuerdo con la dirección y supervisión de la Fuerza Pública. Serían grupos con algunas semejanzas con los equipos de espías y milicianos de Alemania Oriental, Cuba y los de la Venezuela de Hugo Chávez. Lo que el Gobierno no ha definido todavía es si la membresía sería secreta o abierta, y si ellos tendrían uniformes, escudos, bastones, cantos marciales y otros distintivos propios de este tipo de organizaciones juveniles. También quedaría por definir si cumplirían algunas funciones políticas de apoyo al Gobierno.
Según sus proponentes, estos grupos de informantes estarían conformados por estudiantes mayores de 18 años (el Ministro de Defensa ha insistido en que no se vincularían menores de edad a las labores de delación pagada). De acuerdo con esta orientación, cabe suponer que el escenario de sus principales actividades de vigilancia y espionaje serían las universidades, donde harían seguimiento a sus compañeros de clase y a sus profesores, y sus barrios, donde el objetivo de sus pesquisas u observaciones serían sus vecinos, amigos y allegados.
Como respuesta a las críticas a la idea original de establecer un grupo de 1.000 informantes en Medellín, el Presidente de la República ripostó con la propuesta de extender esta iniciativa a las demás capitales del país. Al parecer se trata de una de las piezas angulares de la campaña de la nueva reelección. Hay que señalar, por último, que, sorprendentemente, algunas encuestas, entre ellas las de CM&, muestran que, a pesar de las críticas, un porcentaje elevado de los colombianos está a favor de esta iniciativa.