La estrategia que adopte el nuevo gobierno sobre los cultivos de coca y el narcotráfico será de gran importancia para el manejo de la política doméstica y las relaciones internacionales en los próximos años.
En este tema es importante recordar dos visiones sobre la relación entre la guerrilla desmovilizada y el narcotráfico. La primera plantea que, por su supuesto liderazgo político y social en las zonas afectadas, las Farc serían un factor clave en la disminución de los cultivos de coca en el posconflicto. La paz, según esta visión, traería consigo la disminución de las siembras de coca y del narcotráfico. La segunda, en cambio, sostiene que, ya que el cultivo y comercio de cocaína son fenómenos estructurales, a los cuales se subordinaron completamente las Farc, el Eln y otros grupos criminales, la desmovilización de la guerrilla no tendría un efecto significativo sobre ese negocio. La siembra y cultivo de coca podrían, incluso, subir, como de hecho ocurrió.
Numerosos observadores señalan que el gobierno Santos, acogiéndose a la primera visión sobre este tema, desmontó las estrategias contra el cultivo que se habían utilizado en años anteriores, especialmente la fumigación aérea, y, en su lugar, puso énfasis en la sustitución voluntaria, negociada con los cultivadores. Los resultados son bien conocidos: el número de hectáreas cultivadas con coca superó las 200.000, al parecer, con una tendencia ascendente.
El gobierno Duque debe enfrentar esta realidad. Debe, también, responder a la presión del gobierno de Estados Unidos, ahora en manos de los halcones de Trump. El nuevo mandatario, según sus declaraciones, está convencido de que no puede permitir que la producción de coca en Colombia siga creciendo en forma exponencial. No tiene otra alternativa que diseñar y poner en marcha una nueva estrategia para mostrar resultados en un plazo relativamente breve.
Pero también es claro que el actual gobierno debe aceptar que ahora existen nuevas realidades que le impiden volver a imponer las políticas vigentes hasta antes de las negociaciones con las Farc: (i) se han establecido importantes restricciones jurídicas y sanitarias a la masiva fumigación aérea con glifosato; (ii) reina un notable escepticismo entre amplios grupos de la opinión pública, fundado en análisis calificados de expertos nacionales e internacionales, sobre las posibilidades de éxito de la guerra contra las drogas; (iii) son evidentes las numerosas debilidades en las políticas vigentes de erradicación voluntaria que ya han comprometido al Estado; (iv) ante eventuales intentos de erradicación forzosa masiva, se puede prever una organizada resistencia de los habitantes de las extensas zonas productoras, impulsada por grupos armados ilegales; (v) el gobierno enfrentará una oposición política vigorosa, lista a promover y capitalizar distintas formas de protesta social en estas materias.
Con una estrategia inteligente y bien diseñada que tenga en cuenta diversos factores y que, entre tantas cosas, incluya políticas efectivas para el manejo de la situación social y política en las zonas coqueras, será posible que el nuevo gobierno pueda reducir en alguna medida, en forma gradual y progresiva, el volumen de esos cultivos y los aspectos más agudos del narcotráfico, al tiempo que limita la resistencia de los grupos vinculados a esas actividades.
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