Las dos caras más visibles de la justicia de Colombia en 2014 fueron, por un lado, la de la cárcel de Andrés Camargo, un pulcro funcionario público quien acató con valentía una decisión absurda y hoy está pagando por una falta que no cometió; por otro, la de decenas de delincuentes de cuello blanco, responsables de sonados delitos financieros y autores de multimillonarios carruseles, libres y despreocupados, sobre quienes ni siquiera existen acusaciones, mucho menos órdenes de captura.
Detrás de esta realidad aparece un enorme aparato judicial que se resiste a cumplir sus obligaciones con la sociedad. En 2014 el país sufrió otra vez el rito anual del interminable y abusivo paro de miles de jueces, que en Navidad se conecta con el ocio remunerado de las vacaciones, de tal forma que los colombianos se han venido resignando al hecho de que los juzgados siempre están cerrados o, en el mejor de los casos, trabajan poco y despacio.
Mientras esto sucede, decenas de miles de reclusos se apiñan durante años en cárceles inhumanas, avanzadas escuelas del vicio y del crimen, mientras que sus procesos languidecen a la espera de un fallo o de la preclusión.
Más arriba, en las altas cortes, a pesar del trabajo de un puñado de magistrados decentes, se ha incrustado un grupúsculo de sinvergüenzas que se reproduce con favores mutuos; se acompaña en escandalosas vacaciones; se autodecreta pensiones astronómicas, usufructúa y exige privilegios negados a la gran mayoría de los colombianos. Y no es inusual que opacos tunantes lleguen a esas cortes después de haber realizado picardías sin cuento a lo largo de su vida profesional.
La impunidad que dispensa la justicia colombiana no es desinteresada. Como bien lo muestra el caso de Andrés Camargo, es selectivamente ciega, lenta y morosa con los más peligrosos y corruptos delincuentes.
El desbarajuste de la justicia es una de las causas y también uno de los efectos de la crisis de la sociedad colombiana. Destacados pensadores de todo el mundo han enfatizado la importancia para el desarrollo económico de que el Estado dirima diligentemente los conflictos entre los ciudadanos. Si el Estado no es capaz de tramitar sus disputas, se ven obligados a resolverlas por su propia mano o, lo peor, acudir a terceros —mafias, guerrillas, paramilitares, matones— para que los defiendan y castiguen a los que consideran culpables. La abismal carencia de servicios de justicia estatal es especialmente aguda en el campo colombiano, un enorme escenario que siempre ha sido copado brutalmente por guerrilleros, paramilitares y bandas criminales. De nada servirá que se firme la paz en La Habana si más adelante el Estado no es capaz de asegurar el desempeño de una justicia imparcial y efectiva en el campo. Por esta razón, varios analistas han expresado su extrañeza de que en las negociaciones sobre el posconflicto se hayan convenido y negociado cuantiosas inversiones en proyectos de la economía campesina, pero poco se haya decidido para asegurar el imperio de la seguridad y la justicia en las zonas rurales.
Un especial saludo de Navidad a Andrés Camargo, su esposa y sus hijos. Ojalá que, en su caso, así sea a manera de excepción y por la presión de la opinión pública, en el Año Nuevo se pueda cumplir el dicho de que la cojísima justicia colombiana cojea, pero al fin llega.