Algunas decisiones pendientes en las negociaciones de La Habana podrían costar mucho dinero.
Las que podrían ser más onerosas se refieren al Fondo de Tierras y, en general, a los programas de desarrollo rural social. Como en los meses pasados no se llegó a un acuerdo sobre el alcance de estos puntos, se decidió posponer su concreción para las rondas finales de las conversaciones. Cuando llegue ese momento, los negociadores tendrán que poner en blanco y negro los objetivos específicos de las políticas acordadas. También en ese momento se comprometerán las finanzas públicas.
Como es natural, antes de las conversaciones definitorias, los negociadores del Gobierno tendrán que pasar por el Ministerio de Hacienda para conocer los límites de lo pueden aceptar en La Habana.
La aprobación del ministro, después de los necesarios debates en el seno del Confis y el Conpes, en medio de la estrechez fiscal del momento, será definitiva. Una cosa hubiera sido financiar un proceso de paz en medio de la euforia de hace un par de años, cuando el Gobierno recibía más de $20 billones por año por los impuestos que pagaban las empresas petroleras y las transferencias de Ecopetrol. Otra cosa será financiar el posconflicto con precios del crudo en US$50 o US$60 por barril, cuando la Tesorería, si acaso, recibirá por estos conceptos apenas $3 o $5 billones por año. Lo que se hubiera considerado viable en medio del auge petrolero será imposible en la época de las vacas flacas. La austeridad, inevitablemente, tendrá que hacer parte de los acuerdos finales en La Habana.
En las circunstancias actuales, con bajos precios del crudo, aun sin tener en cuenta las necesidades del proceso de paz, ya se prevén dificultades para cumplir la regla fiscal en los próximos años (la regla fiscal es una especie de corsé o camisa de fuerza que el Gobierno se autoimpone para asegurar el buen manejo macroeconómico). Por ese motivo, una comisión de notables está analizando la forma de elevar los ingresos del Estado por medio de nuevos impuestos. Y, por lo que se sabe, dicha comisión no está teniendo en cuenta las necesidades económicas del posconflicto, cuyas exigencias fiscales habría que sumarlas a las cuentas deficitarias.
En forma preliminar y extraoficial se habló en algunos momentos de que el posconflicto iba a demandar inversiones del orden de $60 a $90 billones en un espacio de diez años. Algunos analistas, incluso, llegaron a sugerir gastos anuales que oscilaban entre un 1% y un 3% del PIB. Si se restaban los gastos de reparación a las víctimas, que ya están contemplados en las proyecciones del Gobierno, se hablaba de gastos anuales entre un 0,5% y un 2,5% del PIB. La diferencia entre estas dos cifras se originaba principalmente en el monto y las ambiciones de la reforma agraria, uno de los intereses centrales de los negociadores de La Habana.
La ejecución adecuada de las inversiones del posconflicto no solo dependerá de los menguados recursos del Estado, sino de una estimación realista de lo que será capaz de ejecutar la precaria institucionalidad agrícola. Es obvio que esta capacidad no se logrará simplemente con la expedición de decretos, más o menos bien redactados, que creen un Viceministerio de Desarrollo Rural, un Instituto para Sustitución de Cultivos o un gran Fondo de Tierras. Este tema merece otra columna.