La anunciada reforma tributaria, con el nombre de ley de financiamiento, llegó, por fin, el martes pasado al Congreso de la República. De esta forma el Gobierno cumple su compromiso de respetar la regla fiscal en los próximos años, una medida indispensable para asegurar la estabilidad y el crecimiento de la economía. A continuación, se bosquejan algunas reacciones iniciales sobre tres puntos salientes de esta propuesta.
Con respecto al IVA, es un acierto la iniciativa de extender su cobertura y hacer que, con pocas y justificadas excepciones, la mayoría de los bienes y servicios sean gravados con una sola tarifa general. También es un acierto que, en forma simultánea, se proponga la devolución del costo del incremento del IVA a las personas de menores ingresos (el país está preparado tecnológica e institucionalmente para llevar a cabo esta medida). Sin embargo, numerosos expertos tributarios, entre ellos el exministro Guillermo Perry, coinciden en que es un error que se haya propuesto la reducción de la tarifa del IVA del 19 % al 17 %, especialmente porque, mal que bien, el país ya pagó el alto costo social y económico del alza de la tarifa al 19 %, un porcentaje razonable, semejante al de muchos países de mundo. La reducción al 17 % parecería una concesión de corto plazo a la galería y, en particular, a los partidos políticos que, en medio de la polarización, se opusieron a la elevación del tributo al 19 % en la discusión de la última reforma que realizó el gobierno del presidente Santos. Ya que con esta reducción se desconoce la necesidad de que el país cuente con una estructura del IVA sostenible en el largo plazo, no sería raro que, si se aprueba la propuesta que discutimos, en algunos años, otro gobierno tenga que volver a poner sobre la mesa la idea de que la tarifa vuelva al 19 % o el 20 %.
Además de los cambios en el IVA, otro elemento fundamental de las grandes cifras del paquete tributario es el notable aumento previsto en la capacidad de la DIAN para combatir la evasión en un plazo relativamente breve. Las proyecciones son muy optimistas en esta materia. Para 2020, es decir, en unos pocos meses, se estima que los mayores recaudos por este concepto alcanzarán el 0,4 % del PIB. Al respecto existe un consenso entre los expertos en cuanto a que una reducción de la altísima evasión del país será posible, siempre y cuando se lleven a cabo, previamente, profundas reformas en la DIAN, una entidad agobiada por numerosas deficiencias y problemas tecnológicos y gerenciales. Para alcanzar una capacidad efectiva de reducir la evasión se requieren fuertes inversiones en tecnología, junto con una importante ampliación de la calidad y la cantidad de su personal, un proceso complejo que, además de cuantiosos recursos, requiere de tiempo.
Por último, en esta ley de financiamiento se echa de menos una mayor ambición en materia de gasto público. La propuesta de reducirlo en apenas un 0,1 % del PIB es claramente insuficiente no sólo frente a las necesidades fiscales y la magnitud de los problemas en esta materia, sino, también, frente a los esperanzadores y reiterados anuncios que había hecho el nuevo gobierno. Probablemente será necesario que se presenten iniciativas legislativas separadas para atacar la ineficiencia, inequidad y falta de transparencia en el uso de los recursos del Estado.