Han llamado la atención las declaraciones del presidente Santos en respuesta a un interesante artículo de la revista Semana que prendió las alarmas sobre los costos del posconflicto y las limitadas posibilidades de financiarlos, en las que el mandatario señaló que “no se sabe cuánto valdrá el proceso de paz”.
Sorprenden, a primera vista, porque parecería incomprensible que los ayudantes de los negociadores en La Habana no llevaran cuentas de los costos de lo que se está discutiendo con los guerrilleros. Sería inconcebible que uno de tantos criterios para aceptar o negar algún punto en la mesa de negociación no fuera su compatibilidad con las realidades fiscales del país. No nos podríamos imaginar que la frase del acuerdo 1 de La Habana que dice que “el Gobierno se compromete a asegurar la financiación de todos los compromisos derivados del presente acuerdo” no haya sido escrita a ciencia y conciencia de sus implicaciones fiscales.
Sorprenden también porque se emitieron días después de que Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, profesor de hacienda pública, ministro de Agricultura, quien ejerció este cargo precisamente cuando se negociaba el acuerdo sobre desarrollo rural, publicara algunas cifras preliminares del costo de los compromisos de La Habana. Si alguien conoce los detalles de las negociaciones, comprende el alcance de lo pactado y, además, cuenta con la cercanía con los expertos que calculan los costos de los acuerdos rurales, es el exministro Restrepo.
El exministro aclara, eso sí, coincidiendo con las declaraciones del presidente de la República, que “no se sabe con exactitud cuánto costará el posconflicto” y señala que buena parte de la incertidumbre se origina en el costo de la reparación de las víctimas. Las cifras que lanza, relativas únicamente a los planes de desarrollo rural, rodeadas de advertencias sobre su naturaleza preliminar y referencias al trabajo de “expertos”, fluctúan “entre 80 y 100 billones de pesos para los próximos diez años” (Restrepo pide, una y otra vez, que el DNP realice cálculos definitivos sobre esos costos).
La manera de conciliar las declaraciones del presidente con las del exministro podría ser que no se sabe el costo total de posconflicto porque, si bien se dispone de cálculos preliminares sobre el costo de los programas rurales, no se tiene idea del costo de los demás componentes, algunos de los cuales todavía no se han cerrado.
Ante los enormes retos fiscales de los próximos años, lo que sigue es problema de las autoridades económicas, el Congreso de la República y, en general, los partidos y grupos sociales. Sin incorporar los costos del posconflicto rural, sin el metro de Bogotá, sin los gastos que exigiría una verdadera revolución educativa y sin tener en cuenta la totalidad de las necesidades en infraestructura, ya aparece un hueco fiscal considerable que exige, como cuota inicial, la limitada reforma tributaria que hoy se debate. Y a esto se suma la previsible caída de los ingresos petroleros para acabar de conformar un enorme problema fiscal. Nuevos impuestos, recortes de programas, más deuda y mucha seriedad fiscal deben estar en el orden del día. Lo que debe seguir es una amplia deliberación para escoger las prioridades y tomar una serie de decisiones cruciales para el futuro del país.