Numerosos estudios muestran que la paz con las guerrillas tendría un impacto positivo sobre el crecimiento económico de Colombia.
Sin embargo, algunos de ellos difieren en sus cálculos sobre el tamaño y la duración del llamado “dividendo de la paz”. Y existen otras divergencias frente a estos temas.
Se han identificado algunos riesgos, derivados de la forma de implementar los acuerdos de paz, que, si no se toman las debidas precauciones, podrían hacer que el “dividendo de la paz” se achique o, incluso, en casos extremos, sea negativo. Existen, por lo menos, tres de estos riesgos.
Se han identificado algunos riesgos, derivados de la forma de implementar los acuerdos de paz, que, si no se toman las debidas precauciones, podrían hacer que el “dividendo de la paz” se achique o, incluso, en casos extremos, sea negativo. Existen, por lo menos, tres de estos riesgos.
En primer término, un crecimiento excesivo del gasto público, por encima de las capacidades de la economía, con el fin de desarrollar los distintos programas previstos en los acuerdos de paz, podría elevar el déficit fiscal, disparar el endeudamiento público y poner en riesgo la calificación crediticia del país, un evento que claramente tendría consecuencias negativas sobre el desempeño de la economía. Este riesgo se ve especialmente acentuado en la actualidad porque el país ya se encuentra sufriendo de un grave desequilibrio macroeconómico —un enorme déficit en cuenta corriente— que ha sido señalado con preocupación por los observadores internacionales y está siendo manejado con cautela por las autoridades económicas.
En segundo lugar, existe el riesgo de que, después de la desmovilización de las Farc, una fracción de sus guerrilleros engrose las filas de la Bacrim, el Eln o algún otro grupo criminal, de tal forma que podrían aumentar la violencia y la inseguridad, un hecho que tendría consecuencias negativas especialmente para los sectores agropecuarios y mineros. Este fenómeno, que se evidenció en Centroamérica después de sus procesos de paz, tiene probabilidades de materializarse por cuanto la producción de cocaína en Colombia, el principal combustible de la violencia organizada, ha venido creciendo en los últimos años y está atrayendo a muchos grupos armados que se benefician del tráfico y cultivo de estos productos.
En tercer lugar, numerosos analistas han señalado el riesgo de que el desarrollo de los acuerdos en materia rural, algunos de cuyos temas todavía no están cerrados en la mesa de negociación, si no se toman precauciones, podrían, en la práctica, disminuir la seguridad jurídica y, por esta vía, desincentivar numerosas inversiones y obstaculizar el desarrollo de nuevos proyectos en zonas rurales. Se anularía, de esta forma, una de las fuentes de mayor crecimiento económico esperado, según los estudios de quienes esperan y estiman el llamado “dividendo de paz”.
La materialización de estos riesgos no es inevitable. El manejo cuidadoso de la situación fiscal, ya deteriorada a raíz de la caída de los precios del petróleo, podría garantizar que los gastos adicionales que exige el desarrollo de los acuerdos se hagan dentro de plazos y parámetros que mantengan el equilibrio macroeconómico. El fortalecimiento de la Policía y otras fuerzas de seguridad, por su parte, podría impedir que se consoliden los grupos criminales después de la desmovilización de las Farc. Y, por último, la protección de las reglas de juego para la agricultura comercial privada podría asegurar que un sector rural moderno y en expansión coexista con una revitalizada economía campesina de las zonas beneficiadas por los acuerdos de paz.