AL LADO DE LOS NUMEROSOS A-ciertos del gobierno del presidente Santos, ha pasado inadvertida la idea del presidente de Findeter (un funcionario con una buena hoja de vida, pero, al parecer, con poca experiencia en asuntos de escala nacional) de convertir esa entidad en un banco público,…
AL LADO DE LOS NUMEROSOS A-ciertos del gobierno del presidente Santos, ha pasado inadvertida la idea del presidente de Findeter (un funcionario con una buena hoja de vida, pero, al parecer, con poca experiencia en asuntos de escala nacional) de convertir esa entidad en un banco público, el Banco Nacional de la Infraestructura (BCI), con capacidad para captar ahorro del público, realizar operaciones en dólares, otorgar garantías y avales y con acceso al Banco de la República. Y lo peor: el BCI podría invertir a su antojo en proyectos de infraestructura.
Si se aprueba esta iniciativa, se estaría echando para atrás la sensata política, vigente por varios años, de eliminar todos los bancos públicos de primer piso, con excepción de la Caja Agraria —una entidad que, más por conveniencia política que por convicción, se dedica, con escaso éxito, a tratar de servir a los intereses del campo—.
Los bancos públicos no deben existir en Colombia porque, tarde o temprano, son capturados por políticos venales y se usan, en el mejor de los casos, para hacer regalos a grupos de privilegiados y, con mayor frecuencia, para desfalcar desembozadamente el erario. Después de las bancarrotas, se capitalizan con dineros del presupuesto nacional, se sanean por un tiempo y, vuelve y juega, comienzan otro ciclo de pérdidas y fechorías.
A finales de la década de los años noventa se quebraron, sin atenuantes, todos los bancos públicos: el Banco del Estado, el BCH, el Banco Cafetero y la Caja Agraria. Los habían saqueado varias veces y ya era imposible salvarlos sin un costo infinito para el fisco. Todos, salvo la Caja, fueron privatizados o liquidados.
Se pensó ingenuamente que la reestructuración de la Caja, realizada por el gobierno de Andrés Pastrana, iba a ser la última. Se pretendió que el Banagrario, el nuevo nombre de la entidad, quedaría blindado de los vicios y las fétidas prácticas del pasado. Como en otras oportunidades, cuando salieron los funcionarios comprometidos con el saneamiento, según las notas de prensa, en el segundo gobierno de Uribe, el banco, de nuevo, fue presa de las travesuras de su junta directiva.
El BCI tendría pocas probabilidades de sobrevivir. Aun si se manejara limpiamente (como, sin duda, es el interés de sus promotores), sus días estarían contados. Un banco administrado por los mismos funcionarios que quieren incentivar las obras y fortalecer las firmas de ingeniería, poco repararía en el análisis profesional de los riesgos. No sería un modelo de prudencia financiera. Tendría invencibles conflictos de interés que impedirían que se manejara en forma acertada.
El BCI sobra. La financiación no es un cuello de botella para el desarrollo de la infraestructura en Colombia. Los obstáculos que condenan al país a vivir con carreteras precarias han sido el mal diseño de los proyectos, la incompetencia y la corrupción. En Chile y muchos países, los buenos proyectos han encontrado en el sector financiero privado, del país y del exterior, recursos billonarios. Esto se puede, se debe replicar en Colombia.
Las autoridades económicas no pueden permitir que un nuevo banco público amenace las finanzas públicas y el sector financiero. Lo que necesita el sector de la infraestructura es seriedad, gerencia, competencia, buenos proyectos y transparencia. Esto es, precisamente, lo que ha ofrecido el nuevo gobierno.