Uno de los principales instrumentos para tratar de mejorar la calidad de la educación en Colombia es el nuevo estatuto docente que regula la vida laboral de los maestros vinculados a partir de 2002.
Se trata del Decreto 1278 de 2002, que lleva la firma del presidente Juan Manuel Santos y del consejero presidencial Francisco José Lloreda, entonces ministros de Hacienda y Educación de la administración Pastrana Arango.
El nuevo estatuto exige que la vinculación de los maestros sea por examen y concurso. Ordena que los ascensos sean el resultado de evaluaciones y exámenes. Permite estimular a los buenos docentes, los que tienen buen desempeño, con mejores remuneraciones.
Ante la imposibilidad política de que el Decreto 1278 rigiera para la totalidad de los docentes, con buen criterio, en 2002 se tomó la decisión de que el nuevo estatuto cobijara sólo a los nuevos maestros. Esto hizo que la norma se pudiera echar a andar sin la oposición de los antiguos maestros, quienes no aceptaban las nuevas reglas. Los nuevos docentes, más jóvenes y mejor formados, ingresan a la vida laboral de acuerdo con reglas de juego que imponen, desde el principio, los exámenes y las evaluaciones. El esquema ha dado buenos resultados.
De los 360.000 maestros del Estado, el nuevo estatuto ya cobija a cerca de 100.000. En unos cinco años ya regirá para la gran mayoría de docentes. La mejoría de la calidad que se ha logrado en Colombia, gracias a la gestión de la exministra Cecilia María Vélez, aunque todavía escasa, se puede atribuir al desarrollo inteligente y laborioso de este decreto.
A los antiguos maestros sindicalizados no les gusta que la competencia, los concursos y las evaluaciones sean la base de su vinculación, remuneración y ascenso. Preferirían lo contrario. Así lo manifiestan en sus escritos y discursos. Quieren mayores remuneraciones para los antiguos docentes, por supuesto, sin las exigencias y evaluaciones que exige el nuevo estatuto. Quieren nivelar por lo bajo.
Ha causado alarma entre la comunidad interesada en el progreso de la educación que el Ministerio haya dado señales de que desea unificar el nuevo estatuto con el viejo, de tal manera que los mejores aspectos del nuevo estatuto docente se eliminan.
Los expertos, sin excepción, piensan que debilitar el nuevo estatuto docente sería un golpe mortal al objetivo de aumentar la calidad de la educación. Las nuevas corrientes académicas y los distintos estudios sobre este tema aconsejan, por el contrario, que se refuercen algunos elementos de ese estatuto para hacer, por ejemplo, que el desempeño de los alumnos, medido por las pruebas de Estado, se incorpore a la fórmula de remuneración de los maestros por medio de primas o bonos.
Derogar o debilitar el nuevo estatuto docente no sólo sería un duro golpe a la calidad educativa, sino que atentaría directamente contra millones de jóvenes, cuya única esperanza para salir de la pobreza es alcanzar una educación de cierta calidad.
Además de estas razones, dado que algunos de los más altos funcionarios de este gobierno estuvieron vinculados a la expedición del Decreto 1278 de 2002, sobre el cual se han construido las herramientas, todavía incompletas pero valiosas, para incentivar la calidad educativa, se debería esperar que, una vez ellos se enteren de los planes del Ministerio y de Fecode, impidan que se destruya este instrumento.