ASÍ COMO NO FUE BUENO QUE COLOMBIA fuera por muchos años una economía cafetera —el 80% de sus exportaciones, sus finanzas públicas y la mayoría de sus sectores subían y bajaban al vaivén de los precios del grano—, tampoco fue bueno que en las últimas dos décadas este se convirtiera en un país petrolero, parecido en muchas cosas a Venezuela, Nigeria e Indonesia.
Los exportadores de materias primas comparten varias características indeseables. Sus bonanzas, por lo general, son mal manejadas, traen la revaluación, la desindustrialización y el daño de otros sectores exportadores. Como es usual que los Gobiernos consideren que los precios altos son permanentes, no ahorran sus excedentes y, al final de la fiesta, dejan a sus países sin el pan y sin el queso, algo visible hoy en Colombia cuando al lado de un deprimido sector petrolero, a duras penas subsiste una industria raquítica y decaída.
Una economía petrolera tiene, sin embargo, notables desventajas frente a una cafetera. En esta última, gran parte del ingreso se irriga entre cientos de miles de productores que toman sus decisiones de ahorro e inversión en forma autónoma y descentralizada. En una petrolera, en cambio, una buena proporción de los recursos pasa por los filtros y telarañas de las burocracias y las redes políticas; así se multiplica el gasto público y se propicia una puja entre entes territoriales, intermediarios y contratistas por la captura y distribución de rentas. Entre el año 2000 y el 2014, el tamaño del Estado colombiano se incrementó en cerca del 25% y la corrupción adquirió dimensiones colosales. El rasgo emblemático de los años petroleros será el reparto de la mermelada.
Aunque el manejo de los excedentes cafeteros produjo algunos desatinos memorables (evidenciados en el hecho de que decenas de empresas del gremio se deshicieron fácilmente ante los primeros y tímidos vientos de la competencia), ellos fueron superados por inversiones como la construcción de la refinería de Cartagena, una obra cuyo costo será superior al de la ampliación reciente del canal de Panamá, tal vez la mayor embarrada de la inversión pública en Colombia.
Así como en los años del país cafetero se insistió en los riesgos y miserias de la mono-exportación y se estableció el objetivo de lograr una economía diversificada e industrializada, hoy, otra vez, esta vuelve a ser la prioridad. Por este motivo se ha recibido con alivio la fuerte devaluación del peso, una señal dirigida a estimular el crecimiento de numerosos sectores transables, en particular el de las exportaciones no primarias, industriales y agroindustriales, fuertemente deprimidas por más de diez años de la enfermedad holandesa. La crisis petrolera puede ser una buena oportunidad para construir una economía más equilibrada, con sectores de avanzada que incorporen tecnologías modernas, conocimiento y mayor empleo.
Aunque necesaria, la devaluación del peso no será suficiente. Es indispensable realizar un gran esfuerzo para aumentar la competitividad de la economía y conquistar nuevos mercados. Es necesario impulsar por muchos años el ambicioso programa de expansión de la infraestructura que ha emprendido este Gobierno. Pero, en forma paralela, se deben emprender muchas otras reformas para reducir los costos, eliminar barreras y modernizar diversos aspectos del aparato productivo.