La semana pasada nos dejó sin aliento. Una tras otra fueron llegando las noticias, como si de golpe comenzara a llover y sólo nos quedara buscar refugio.
Primero fue la historia de un profesor de educación física en Hacarí, uno de los once municipios de la región del Catatumbo. El martes, mientras acompañaba a sus estudiantes a jugar fútbol, el balón cayó en un potrero. Al ir por él, una mina antipersonal estalló. Diomar Jesús Pérez perdió su pie izquierdo. Junto al profesor, cuarenta personas han sido víctimas de minas antipersonal en el Catatumbo en menos de un año.
Al día siguiente, las imágenes del río Cauca diezmado en nombre del progreso, nos llenaron de rabia e impotencia. El histórico río quedó reducido a un hilito de agua en el que brincaban desahuciados los bocachicos y las sardinas. El aire que mataba a los peces nos faltaba a nosotros para respirar. El río Cauca no era más que “una llanura desierta de áspero polvo lunar”, como anticipó García Márquez en El otoño del patriarca, cuando el General entregó el mar en concesión a los ingleses.
Ese mismo día una mujer, asfixiada por las deudas y la tristeza, saltó al vacío abrazada a su hijo de diez años. De nada sirvieron las súplicas. Saltó, y su imagen aún sigue cayendo en muchos, como si el abismo estuviera en nosotros mismos. Esa imagen nos recuerda el castigo de Sísifo, quien está condenado por toda la eternidad a subir una pesada roca por una montaña y dejarla caer cada día. El castigo y la culpa de Sísifo recae sobre nuestra indolencia, pues vemos a miles de personas arrastrar pesadas piedras hasta que un día se dejan caer con ellas. Incapaces de sentir empatía cuando es necesaria, reaccionamos con indignación durante un instante, pero a los pocos minutos volvemos de nuevo a nuestros asuntos cotidianos.
El jueves la noticia llegó desde Medellín. Legarda, un joven cantante de reguetón, murió por una bala perdida durante un intento de robo. La bala fue disparada por un escolta que portaba una de las tantas armas “legales” que circulan por el país. La absurda muerte de Legarda muestra que para morir en un país como Colombia lo único que se necesita es estar vivo. Sin embargo, mientras la historia del cantante nos estremecía, otra noticia que también debería hacernos reaccionar aún sigue pasando inadvertida: la ampliación de los permisos para el porte de armas. En nombre de la “legítima defensa”, ¿cuántas balas perdidas andarán por el aire a la caza de alguien que ese día decidió salir de su casa?
Con el fin de semana regresaron los crímenes contra los líderes sociales. El sábado, en una vereda de Santander de Quilichao, fue asesinado Jesús Albeiro Díaz Ulcué, y el domingo, en la zona rural de Tibú, corazón del Catatumbo, masacraron al líder campesino José Arquímides Moreno. La cifra estremece: 226 en 2018 y 17 en lo que va de este año. Los matan. Saben que los van a matar. Pero a nadie parece importarle. La impotencia se atiza con la indiferencia del Gobierno Nacional que afirma administrar un problema heredado del gobierno anterior. Pero los siguen matando, como si fueran la sombra de un fantasma, presencias que ya no existen.
Recuperar el aliento ha sido un reto esta semana. Sin embargo, el reto más grande que tenemos es evitar pensar que el signo trágico de estas noticias predice una fatalidad histórica o un destino inevitable en el país. Por el contrario, debe ayudarnos a identificar a los responsables de estos hechos y a quienes permiten que sigan ocurriendo. Se trata de personas que toman decisiones y personas que ordenan crímenes, personas a las que hay que exigirles respuestas y acciones concretas, personas a las que hay que comenzar a señalar, aunque nos hayan enseñado durante años, que hacerlo es “de mala educación”.
@arturocharria