La desmovilización de menores de 15 años de las filas de las FARC será uno de los primeros retos al que nos enfrentaremos en el posconflicto.
La pregunta que debemos hacernos no es si la guerrilla va a cumplir lo pactado, sino cómo la sociedad va a acoger a estos menores que saldrán de la guerra y cómo evitaremos que las llamadas Bandas Criminales sigan reclutando menores en situación de vulnerabilidad.
Por tanto, no basta con sacar a los niños del conflicto armado. Es necesario desarmar las condiciones estructurales que hicieron posible el ingreso de los menores al escenario de la guerra. Esto implica preguntarnos, más allá de la guerrilla, ¿por qué los niños y las niñas entran a la guerra? La respuesta es compleja, pues detrás de los pequeños rostros que se camuflan entre colores militares, hay dinámicas que el país no reconoce como variables que inciden en el reclutamiento: cultura militarista, déficit en el sistema educativo, violencia sexual intrafamiliar y la falta de un proyecto de vida.
Así, el reto más grande está en que la sociedad comprenda que la desaparición de la guerrilla no salva a los menores de crecer con un arma entre sus manos. Según las cifras del Observatorio del Bienestar de la Niñez, del ICBF, uno de los factores de riesgo más altos que se identifican en las entrevistas a menores desmovilizados, se relaciona con el gusto que estos tenían por las armas antes de ingresar al grupo armado.
Esto no implica igualar a las Fuerzas Militares con la guerrilla, como suele sostener el expresidente Uribe, sino cuestionar cómo muchos menores crecen en ambientes en los que la guerra se vuelve parte del “paisaje” cotidiano. La naturalizan al punto de volverla un destino ineludible.
Asimismo, distintos informes de la Defensoría del Pueblo señalan que la educación no genera incentivos reales para los estudiantes y que esto facilita el reclutamiento. En muchas oportunidades los menores son maltratados por sus compañeros o sus maestros; abandonan la escuela por las distancias de sus hogares o porque deben ingresar a trabajar. Adicionalmente, en estos informes se cuestiona el uso de instalaciones escolares como zona de tránsito de los actores armados o como lugar de resguardo durante los enfrentamientos.
Esta situación reclama con urgencia una reforma educativa que no limite su política a la obtención de resultados estandarizados, pues los contenidos que se construyen desde Bogotá suelen darle la espalda a los territorios. Debe pensarse un modelo educativo que contemple la ruralidad como centro y no como un espacio en el que solo hay vacas, petróleo y cocaína.
Ahora bien, ¿qué hacer con las políticas del Ministerio de Educación que se centran principalmente en la obtención de resultados? ¿Qué pasa si un colegio en Putumayo o en Guaviare decide implementar un sistema que hable desde las necesidades de sus territorios, y en el proceso “sacrifica” los resultados en las Pruebas Saber? Según el Índice Sintético de Calidad Educativa, este colegio podría ser catalogado con calidad “baja”. El reto en el posconflicto está en crear una escuela que de garantías de seguridad a los estudiantes y que sea un medio para transformar su realidad personal y la de su entorno.
Por último, un tema tabú que poco se relaciona con el de reclutamiento es el de la violencia sexual intrafamiliar. Según el Observatorio del Bienestar de la Niñez (ICBF): “El 25% de las niñas y adolescentes manifestó que se había reclutado en razón del maltrato sexual y/o violencia intrafamiliar que experimentaron”. Estos datos son respaldados ampliamente por informes de la Defensoría del Pueblo.
Pensar el entorno familiar como un factor de riesgo resulta difícil de asimilar cuando se habla de reclutamiento, pues la imagen que se asocia con esta dinámica del conflicto suele ser la del rapto, pero según un número significativo de testimonios de menores desmovilizados, los grupos armados terminan por convertirse en sitios de protección de sus propias familias.
Esto no pretende minimizar la responsabilidad de los grupos armados. Al contrario, busca mostrar la complejidad de lo que hemos dado en llamar posconflicto y su relación con la desmovilización de menores.
Pese a todo esto, estamos ante una oportunidad histórica, pues en todos los procesos de paz en Colombia jamás se ha hablado de los menores que salen de la guerra y que, por falta de una política clara al respeto, solo han transitado de un grupo armado a otro. De ahí que no baste con la ceremonia que se hará durante la desmovilización, sino que resulta necesario que la sociedad vuelva la mirada sobre una infancia que crece sin proyecto de vida y que por falta de este, termina por hacerse uno en medio de la guerra.