Tiene razón el presidente Santos cuando afirma que la elección de Fiscal General de la Nación culminó en términos satisfactorios para todos. En efecto se superó una situación de interinidad y se designó una persona idónea para el cargo.
Sin embargo hubo, de hecho, una larga interinidad y unas irregularidades en la conducta de la corte suprema de justicia. Cuando el alto tribunal se abstiene de producir un nombramiento y descalifica una terna sin razones, o con razones altamente discutibles, es porque algo falla en el diseño institucional o en la conducta de los magistrados.
El choque producido, en torno a este tema, entre la corte y el gobierno anterior tuvo claro origen político. El gesto autoritario del presidente de la república encontró en el presidente de la corte suprema un contradictor más proclive a la confrontación que a la prudencia. Y ambos se trenzaron en una guerra mediática que aún no termina.
El gobierno –que es nuevo- heredó una polarización inconveniente y peligrosa. Manejó las cosas en forma serena y prudente. La corte –que es la misma- insiste en su actitud unilateral y sus presidentes siguen hablando, no a través de las sentencias, sino de los medios de comunicación. Eso también es inconveniente para cualquier democracia.
El nuevo gobierno hizo lo necesario para reconstruir unas relaciones deterioradas, pero los magistrados privilegiaron el triunfo de sus razones sobre las razones para el consenso. Y con el nuevo gobierno insistieron en su postura, que no es otra distinta a la de defender su propio ‘status quo’.
Semejante conflicto tiene un origen constitucional que es necesario resolver. Con el propósito de hacer más transparente el proceso electivo de algunos funcionarios, la constitución formuló procedimientos que interrelacionan a diferentes ramas del poder público. El procedimiento para la elección de fiscal da testimonio de ello.
El propio presidente del consejo de estado lo expresó con mucha responsabilidad. Con el fin de despolitizar algunos organismos, la constitución del 91 incluyó a las cortes en una función electoral. La evaluación que hay que hacer es si eso se logró o, por el contrario, lo que hizo fue politizar los órganos judiciales.
Lo anterior quiere decir que en Colombia sigue siendo urgente una reforma estructural en la administración de justicia. Que ¡al fin! Se haya producido la elección de fiscal no resuelve los serios problemas ocasionados por la confrontación entre las dos ramas mencionadas del poder público.
No hace mucho tiempo lo escribí en esta misma columna: Cuando la democracia deja de ser ciudadana para volverse mediática, la importancia del contenido desaparece frente a la proyección de la imagen. Gobernantes y jueces deben, entonces, ser prudentes, pues si abusan de los medios, el estado de derecho deviene en estado de opinión. Y lo más grave en esos casos, es que la justicia se puede volver espectáculo.
*Ex senador, profesor universitario