La convivencia supone una pedagogía, una formación, una didáctica. De otra manera la democracia se vuelve un slogan y la sociedad no forma para la inclusión, ni para la ciudadanía.
A diferencia de otros países de América, Colombia nació en medio del derecho. Los sucesos de 1810 tuvieron una naturaleza civil y los cabildos fueron los protagonistas de las primeras ideas emancipadoras. La vertiente libertaria del pensamiento español –que viene desde los fueros medievales, cruza por las autonomías locales y culmina en la Escuela de Salamanca- impregnó el sentimiento de los comuneros en toda América.
También hubo, por supuesto, influencia del pensamiento moderno consolidado en las grandes revoluciones liberales del siglo xviii y más tarde de las revoluciones socialistas. Pero como lo sostiene el profesor Antonio García, América hispana acusa una situación dramática que ha sido invisible para su propia historia: sus elites, las que surgieron después de la independencia, renunciaron a su capacidad de creación en el ara de un liberalismo que no asimilaron como un sistema de pensamiento sino como superstición.
El fenómeno se expresa en un repertorio de ideas que no se apoya en una experiencia histórica y que, por lo mismo, aliena en vez de emancipar. Nuestra América no abocó el problema de la creación de una nueva organización institucional –como sí lo hicieron los Estados Unidos- y en medio de una mercancía ideológica importada –liberal primero y socialista luego- terminó, según la gráfica expresión de William Ospina, creciendo con su centro de gravedad situado afuera.
Dicho fenómeno es responsable de que los colombianos aceptaran la definición de unos comportamientos sociales en el plano de las ideas abstractas, pero no en la práctica social. América latina registra grandes contrastes entre lo que dicen las normas y lo que hace la gente. Aquellas consagran la igualdad y proclaman la inclusión, pero unos colombianos excluyen a otros y casi ninguno se reconoce como miembro de una sociedad plural.
En Bogotá son frecuentes los sonidos a favor de las comunidades gay, generalmente con buen recibo en la Secretaría de Educación Distrital y en algunas alcaldías menores. Eso está bien, pero no parece estarse haciendo nada por evitar otras discriminaciones y aclimatar las normas sobre igualdad y los principios que, en ese sentido, informan el estado social de derecho. Es preciso garantizar la igualdad, neutralizar la exclusión y estimular la movilidad social. Todo eso forma parte de la pedagogía de la convivencia.
Hace pocos días el Colegio Friedrich Naumann tuvo una emergencia en sus instalaciones, lo cual lo obligó a solicitar asilo temporal para algunos de sus alumnos en el Colegio de Usaquén. Según dijo la directora del Naumann a sus padres de familia, el colegio de Usaquén, ubicado en la avenida 9ª nº 146-40, se negó a recibir aquellos estudiantes por pertenecer a un estrato inferior a los de éste. Al parecer el rechazo provino de los padres de familia del colegio de Usaquén, quienes contaron con la aceptación de sus directivas. Si semejante situación es confirmada ¿qué clase de sociedad se está construyendo en Bogotá, bajo la mirada impasible del gobierno, cualquiera que sea y, más aún, de un gobierno reconocidamente progresista?
Lo anterior quiere decir varias cosas: Ante todo que se requieren medidas para evitar tamaño desafuero y, por supuesto, para sancionarlo. Pero además hay que estudiar soluciones, algunas muy simples, como por ejemplo, unificar textos escolares o establecer un uniforme único para todos los estudiantes e implementar convenios entre colegios de diversos estratos para garantizar la integración, procurar la igualdad y promover la convivencia. Ni más faltaba que desde los colegios se siembren criterios de exclusión, en lugar de estimular una cultura de la democracia. ¿Qué clase de educación y qué clase de sociedad serían ésas? No hay derecho, señor Alcalde.
Ex senador, profesor universitario.