Estas son las palabras favoritas de quienes, en Colombia, manejan los fondos privados de pensiones (FPP). Ahora les sirvió de resonancia una columna de prensa del dirigente político Germán Vargas, para quien la situación pensional es insostenible. Guarda silencio, eso sí, sobre la responsabilidad de quienes desmantelaron un sistema concebido por el presidente Carlos Lleras de manera que garantizaba su sostenibilidad futura.
Hay quienes asumen las pensiones como derecho y quienes las asumen como negocio. También existen los que defienden el régimen privado de ahorro individual (RAI) y, sin embargo, se pensionan por el régimen público de prima media con solidaridad (RPM). La prensa ha informado sobre los casos más notorios, frente a los cuales el ciudadano común se pregunta no solo por la lógica política, sino por la honradez intelectual.
El sistema público concibe las pensiones como derecho; el privado, como negocio. Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) tienen 14 millones de afiliados y solo 130.000 pensionados. Recaudan $19 billones anuales y pagan unas pensiones que sobresalen por su baja cuantía. En estos 25 años de vigencia de la Ley 100/93, las AFP tienen acumulados $227 billones, producto del ahorro de los trabajadores, de los cuales el 81% reposa en los fondos Porvenir y Protección.
Ciertos economistas especializados en insolidaridad y líderes políticos como Germán Vargas insisten en el peligro inminente de una bomba pensional, que puede explotar en cualquier momento. Es la idea repetida, desde hace años, por los partidarios de desmontar el Estado social de derecho. Sin embargo, se trata de una falacia que, ciertamente, resulta funcional para quienes quieren eliminar el RPM.
Así lo escribió hace algunos meses, en el diario La República (junio 25/18), un hombre con autoridad para decirlo, Mauricio Olivera, exdirector de Colpensiones: “Existe un reto financiero, pero no es una bomba pensional”. Mientras otros países gastan el 10% del PIB en pensiones, agregó, Colombia gasta apenas el 4%, del cual el RPM no alcanza a ser el 1,5%. Queda, así, bien claro: no hay bomba pensional alguna, pero sí un deseo por apoderarse del negocio de las pensiones, sin atender para nada el interés ciudadano.
En el año 2005, el Congreso aprobó el Acto Legislativo (AL) nº 1 para evitar nuevos embates contra el RPM, consolidar las pensiones como derecho fundamental y garantizar la vigencia de los derechos adquiridos, cuya defensa, por cierto, ha asumido el presidente Duque. Por desgracia, la Corte Constitucional cedió a la presión del gobierno anterior y desconoció aquel AL. Entre un magistrado ponente que, más tarde, el Congreso destituyó por motivos de corrupción y una mayoría de conjueces, la Corte dictó la sentencia C-257/12, claramente violatoria de la Constitución.
Colpensiones superó el “estado de cosas inconstitucional” que, hace un lustro, decretó la Corte. Sin embargo, las AFP insisten en apropiarse de algo que se volvió uno de los mayores negocios lícitos del mundo. Pero, ¿dónde queda el interés general? No sin razón las pensiones que otorgan los fondos privados (FPP) son, como podría decir un exministro, que hoy repite la misma cartera, “ridículamente bajas”. Por desgracia, buena parte de quienes hablan del tema lo desconocen. Otros lo conocen tan bien, que se dan el lujo de manejarlo con sofismas.
* Exsenador, profesor universitario.