El pacto de paz que los colombianos están ad portas de sellar, el próximo domingo, cabe en la Constitución de 1991.
La Carta ofrece las condiciones para el desarrollo del post-acuerdo, sin necesidad de ser reformada. Por eso resulta falsa la afirmación de que, en las negociaciones de La Habana, las Farc recibieron concesiones excesivas que amenazan el ordenamiento jurídico. No es cierto. Las Farc adhirieron a la Constitución del 91. Nada en los acuerdos hace pensar que el Estado corra el riesgo de moverse hacia el castro-chavismo. Son las Farc las que se movieron hacia la democracia.
Negociaron a partir del reconocimiento de la naturaleza política del conflicto por parte del Estado, y del reconocimiento de la legalidad del Estado por parte de las Farc. Lo entendió bien el resto del mundo. Quienes no lo quieren entender son los colombianos que piden votar negativamente el plebiscito del próximo domingo. Es bueno reiterarlo: Votar “si” supone impulsar unos desarrollos contenidos en el Acto Legislativo para la paz. Un triunfo del “no” abre la puerta a la incertidumbre. No es cierto que signifique una renegociación de los acuerdos.
Después del “si” hay que concentrarse en el post-acuerdo. Pero una paz sostenible en el tiempo va a demandar reformas ulteriores a la Carta Política. Los colombianos deben tomar el compromiso en serio. Por estos días he oído hablar mucho del “nuevo país”. La misma expresión se usó en 1991. Pero los colombianos no tomaron en serio la nueva Constitución. Hoy, después de más de cuarenta reformas y contrarreformas, ya no es la misma de entonces.
Es urgente pensar en el control de los territorios que abandonan las Farc, como grupo armado. A esa inquietud el presidente Santos y su ministro del Interior responden que la fuerza pública está preparada para impedir que sean ocupados por grupos ilegales. La respuesta es insustancial, inocua. Colombia tiene más geografía que historia. Nunca ha podido controlar la totalidad de su geografía. El país se gobierna desde Bogotá, pero Bogotá queda demasiado lejos del país. Y, a menudo, se gobierna solamente con frases.
Lo que debe hacerse ante esa inmensa geografía, históricamente abandonada de todos los gobiernos, no es llenarla de fuerza pública sino de Instituciones. Colombia tiene más territorio que Estado y éste ha sido incapaz de garantizar su vigencia en aquel. Hay que construir instituciones. No es llevarlas del centro a la periferia, sino crearlas en cada pedazo de esas tierras lejanas, pero hacerlo a imagen y semejanza de sus pobladores, de su sociología, de su cultura.
El Estado central se ha negado a considerar esa realidad tozuda. Las razones del conflicto pasan por un déficit de Instituciones, fundamentalmente, sobre el ámbito territorial. Por eso ha fracasado la gobernabilidad y seguirá fallando si no se revisan las políticas oficiales sobre organización del territorio. Ese es un tema prioritario para definir después del “si”.
*Ex senador, profesor universitario. @inefable1