A pesar de las celebraciones oficiales de Rionegro, la Constitución del 91 tiene más sombras que luces.
En efecto, hoy no se puede hacer un balance muy optimista de sus desarrollos, sencillamente, porque sus principales avances se quedaron escritos. Con excepción de la garantía de los derechos, los demás fueron neutralizados por decisiones del gobierno y del Congreso, o de la misma Corte Constitucional.
La Corte ha sido clave para la consolidación de los derechos fundamentales pero ni ella ni nadie, en la cúpula del poder público, se interesó por la autonomía territorial, por la democracia de participación, por la asimetría institucional, por la apertura hacia el pluralismo jurídico que fueron constitucionalizados, por primera vez, en 1991. Tales figuras son de una evidente naturaleza progresista, pero tuvieron desarrollo en leyes regresivas, las cuales fueron declaradas exequibles.
La autonomía territorial hunde su raíz en la descentralización política adoptada, en 1986, con la elección popular de alcaldes que se aprobó bajo el gobierno del presidente Belisario Bentancur. Allí se rompió una vértebra del unitarismo y, como ha sido reconocido por la doctrina jurídica, en el 91 se avanzó hacia un sistema de autonomías.
En su sentencia fundacional sobre el tema (C-478/92), la Corte fijó unas reglas de interpretación que consideraron la relación entre unidad política y autonomía territorial mediada por el principio de jerarquía. No tiene sentido: Precisamente lo que hizo la Carta fue suprimir el principio de jerarquía y proclamar el de equilibrio entre la unidad y la autonomía. Por lo tanto, la Corte desconoció la Constitución. El paso del tiempo trajo consigo, por fortuna, algunos salvamentos de voto.
A su vez el artículo 103 constitucionalizó seis nuevas figuras para garantizar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afecten y, en general, en la vida económica, política, administrativa, cultural del país, así como en el control del poder público. Sin embargo la ley 136/94, retocada luego por la 1757/15, hizo colapsar, en la burocratización de los procedimientos, el alcance de las normas constitucionales.
La asimetría institucional y la apertura hacia el pluralismo jurídico simplemente se quedaron escritas. Por lo demás la Constitución ha sido objeto de cuarenta reformas. En su mayoría son contrarreformas y sustituciones de su texto. Las primeras fueron aprobadas por el Congreso, a instancias del gobierno. Las últimas por la propia Corte Constitucional a través de figuras, por lo menos, cercanas a lo que juristas como Manuel Atienza llaman “ilícitos atípicos”: abuso del derecho, desviación de poder y fraude de ley. Pero nadie controla estos fenómenos a los cuales se deben, en buena medida, los actuales factores de desinstitucionalización.
Decir que Colombia es hoy mejor que en 1990 es apenas un aserto alegre. La Carta se ha desvirtuado y los resortes éticos del país han saltado en pedazos. La corrupción terminó contaminando casi todo el escenario institucional público y privado. Con razón Horacio Serpa y Antonio Navarro, los dos ex presidentes de la Constituyente del 91, y Luis Fernando Velasco, el actual presidente del Congreso, sostienen que el post-acuerdo es insostenible sin una nueva Asamblea Constituyente.
Es necesario mantener el compromiso con la Constitución de 1991 o, al menos, con lo que queda de ella. Pero no tiene sentido insistir en su defensa si desde la cúpula del ejecutivo se contrarreforma y desde la cúpula de la justicia constitucional se sustituye, mientras los ciudadanos se dicen mentiras a sí mismos exclamando que la Constitución está en movimiento y asumiendo la custodia de una Carta Política que cada día que pasa está dejando de existir.
*Ex senador, profesor universitario. @inefable1