Saltar al vacío supone lanzarse, a ciegas, hacia un abismo sin fondo.
Cuando se dice eso en relación con una comunidad, se supone también que ésta pisa tierra firme, que se sus miembros se mueven dentro de una organización social con sus propios problemas, pero donde las instituciones funcionan.
Si el sistema es transparente, si la democracia sirve para deliberar y garantizar la convivencia, si la acción de los poderes públicos está conectada con los intereses de la gente, si las autoridades tienen credibilidad, si se aplican a ellas los controles, tanto institucionales como ciudadanos, estamos en medio de un auténtico Estado de Derecho.
Si eso no ocurre, es porque las instituciones no funcionan. Allí nadie puede hablar de un Estado de Derecho. Ese es el problema central del país. Por lo tanto es apenas natural que se busquen nuevos escenarios institucionales. Ni más faltaba que eso fuera un salto al vacío. El ejercicio de la política, la administración de justicia y algunos órganos de la administración pública carecen de credibilidad y transparencia.
En reportaje al ministro de Justicia la periodista Maria Isabel Rueda le pone de presente los cuestionamientos que deslegitiman a la Corte Constitucional. El ministro los acepta pero agrega: “En un Estado de Derecho uno no puede decidir qué decisiones de las cortes cumple y cuáles no”.
La respuesta del ministro es, por lo menos, ingenua: Si una corte deslegitimada sigue dictando fallos, como si nada hubiera ocurrido, es porque no funciona el Estado de Derecho: Nadie serio puede justificar ante la opinión pública decisiones de un juez deslegitimado, como si el Estado de Derecho fuera un sistema arbitrario de normas.
En semejante escenario resulta no sólo lógico sino necesario explorar opciones de relegitimación. Es un derecho, pero también un deber ciudadano hacerlo. La Asamblea Constituyente es una de ellas, porque pertenece al entramado institucional y está concebida, precisamente, como instrumento idóneo de reforma de la Constitución.
No hay razón alguna para satanizarla. Incluso es irresponsable hacerlo porque cuando sea preciso apelar a ella, el Estado va a encontrar prevenciones equivocadas que sus propios funcionarios crearon. El ministro dice que una Constituyente se sabe dónde comienza, pero no dónde termina.
Por Dios, ¿acaso no tenemos ejemplos de proyectos y de demandas que terminaron en leyes y en sentencias equivalentes a un salto al vacío? La reforma a la administración de justicia, frente a la cual el gobierno tuvo que apelar al mecanismo inédito de la objeción presidencial al Acto Legislativo es muy reciente y da testimonio de ello.
En cambio no hay una sola Constituyente en la historia del país que haya significado eso. Al contrario, han impedido que el país ruede por un despeñadero. El gobierno puede tenerle reservas. Pero es una institución legítima, que no puede satanizar.
*Ex senador, profesor universitario, @inefable1