Según el gobierno nacional, paz, equidad y educación son las bases de su Plan Nacional de Desarrollo.
Presentado como “todos por un nuevo país”, incluye más de 200 artículos contentivos de múltiples propuestas que corren por pistas distintas a las de sus tres pilares y que, como lo han expresado distintos expertos van a vaciar de contenido la cláusula general de competencia legislativa del Congreso.
A través del Plan, el gobierno solicita facultades para expedir normas con fuerza de ley, “encaminadas a crear, suprimir o fusionar la estructura orgánica y funcional de diferentes entidades del orden nacional”. Pero, además, crea once nuevas agencias administrativas del Estado mientras, por otra parte, insiste en la austeridad
Así mismo propone la creación de nuevos impuestos, lo cual no debe formar parte de un PND, sino de una reforma tributaria que, por lo demás, se anuncia para el futuro inmediato. Algunos congresistas manifestaron preocupación porque el proyecto incluye reformas en materias tan sensibles como la actividad minera y la reforma agraria. En cambio desconoce el tema de la descentralización y la autonomía territorial.
Otras críticas anotan que el Plan ignora los puntos acordados en las conversaciones de La Habana, lo cual resulta, por lo menos, curioso. Y que la disminución de la cuota de producción nacional en televisión –consecuencia del TLC firmado con los gringos- afectará no sólo la calidad de la programación sino el trabajo de nuestros artistas. Mientras escribo estas líneas, avanza una conciliación sobre este punto.
En esas condiciones no va nadie por un nuevo país. Los planes de desarrollo se volvieron producto de la visión unilateral del DNP, cuya cúpula los fabrica en función del centralismo y del mantenimiento del satus quo. El DNP se inventó para que la política, es decir los congresistas, y la economía, es decir los técnicos, se encontraran. Ahora sirve para mantener la politiquería, no de los congresistas, sino de los ministros.
El régimen constitucional de 1886 hizo agua fundamentalmente por lo que se llamó centralismo asfixiante, por el clientelismo electoral, por la ausencia de política y por las dificultades para reformar la Carta. Es increíble, pero ese es el mismo panorama de hoy, agravado por la crisis que afecta a la justicia y, en particular, a las altas cortes.
Los constituyentes del 91 abrieron cauces para el flujo de corrientes sociales represadas y adoptaron una Carta flexible para resolver un bloqueo institucional similar al actual. El de hoy es producto también de la re-centralización, del clientelismo electoral, de la ausencia de política, y de la sentencia C-551/03 que volvió rígida una Carta flexible.
En 1991 los colombianos celebraron el advenimiento de un “nuevo país” que murió sin acabar de nacer, en medio de la indiferencia de sus dirigentes. Ahora está a punto de rodar por un precipicio, a pesar de la invitación que formula el PND. Un joven historiador me dijo: Era mejor el país de Alfonso López y de Eduardo Santos. El país de los Lleras, de Echandía, de Gaitán. Al parecer tienen razón los que añoran el viejo país.
*Ex senador, profesor universitario, @inefable1