La Academia Colombiana de Jurisprudencia realizó, la semana anterior, su V Congreso Nacional.
No es una hipérbole. El jurista Cesáreo Rocha Ochoa presidente de la Corporación instaló el Congreso, al cual asistieron, por primera vez, los capítulos seccionales de la Academia. La sola mención de los temas objeto de examen del Congreso, da la medida de la importancia del evento: la ética en el ejercicio de la función judicial, el sistema de elección de los magistrados de las altas cortes y la crisis en la administración de justicia.
Coincidieron los académicos en que la ética es resultado del proceso de formación del ser humano, cuyo aprendizaje comienza desde la infancia. La ausencia, en la educación primaria, de una pedagogía del comportamiento que interiorice los valores de manera que queden escritos más en la conciencia del ciudadano que en las normas jurídicas, está contribuyendo a este penoso incremento de la cultura de los antivalores.
El artículo 41 de la Constitución hace obligatoria la enseñanza de la Instrucción Cívica, pero tal obligación no se cumple, o se cumple mal, en los establecimientos educativos. Tampoco existe una pedagogía constitucional capaz de evitar que el ciudadano se vuelva indiferente frente a los valores consagrados en la Carta Política. Si se mira con detenimiento, la Constitución actual ha sufrido tantas reformas y contrarreformas, que ya cada día se parece menos a la adoptada por el Constituyente del 91.
Ponencias de los académicos Ricardo Bastidas y Stella de Méndez, del Capítulo de Ibagué, pusieron de presente que la formación del abogado y la fortaleza de una colegiatura obligatoria, podrán incidir en un cambio de la práctica tradicional e incluso en la construcción de una de cultura jurídica consecuente con unos valores morales, con unos principios constitucionales y con unas realidades sociales. Pero también es preciso redefinir los alcances del principio del control, que es el principio democrático por antonomasia. Los organismos del poder público –la rama judicial incluida, y de manera especial su cúpula- necesitan un control capaz de evitar abusos e impedir ilícitos.
Estoy apelando únicamente a mi memoria, por lo cual puedo cometer errores u olvidos. Aunque no todas las propuestas debatidas obtuvieron consenso, quedó claro que deben diferenciarse los procedimientos para elegir miembros de la Corte Suprema y consejeros de Estado, de los que se adopten para elegir a los miembros de la Corte Constitucional. Para los primeros se sugirió la cooptación reglada y para los segundos un procedimiento más abierto, transparente y democrático, que rompa las actuales decisiones de cúpula e incluya la participación de la sociedad civil antes de que las listas de candidatos lleguen al Senado de la República.
El Capítulo de Barranquilla trajo una ponencia, suscrita por el Académico Luis Eduardo Cerra, en la cual señala las consecuencias de haber judicializado la política y politizado la justica. Al menos en parte, sostiene la ponencia, la crisis de la justicia tiene que ver con la judicialización de asuntos diversos cuya solución corresponde a autoridades distintas de las judiciales. Semejante situación produce efectos deletéreos en el Estado de Derecho.
Finalmente coincidieron los académicos en la necesidad de eliminar el fuero para cualquier funcionario del Estado, distinto al presidente de la República. De hecho, el fuero especial para juzgar a los altos funcionarios dejó de ser garantía y se volvió privilegio. Se desdobló en ausencia de control y, por lo tanto, en estímulo para el abuso del poder. No tiene nada que ver con la división de poderes.
En medio de los debates que se dieron en el Congreso de la Academia Colombiana de Jurisprudencia subyacen controversias que me he permitido señalar en esta columna. El Estado constitucional reconoce la virtualidad política de las decisiones judiciales, siempre y cuando la interpretación-creación del derecho no se enrede en problemas que afecten su transparencia. La legitimidad es el más importante de tales elementos porque un fallo judicial no se justifica desde la representación sino desde la racionalidad ética y jurídica. Por eso, cuando fallan en conciencia y no en Derecho, el activismo judicial termina siendo un remedio peor que la enfermedad.
*Ex senador, profesor universitario, @inefable1