Las verdades a medias se vuelven mentiras: a ese nivel estamos llegando en medio de los debates sobre la conveniencia o no de convocar una Asamblea Constituyente.
Desde 1991 hasta hoy la Constitución ha sufrido múltiples modificaciones y casi todas son contrarreformas. Pero ahora resulta que una Constituyente es peligrosa porque, a través de ella, puede colarse una contrarreforma. Por Dios, si lo que hay es un bloqueo del sistema, similar e incluso peor al del año 91. Desde entonces la mayoría de las decisiones, en materia constitucional, no se han concentrado en impulsar los desarrollos de las normas superiores sino en impedirlos.
Algunos dicen que la historia de las constituyentes es más sombría que luminosa. Eso no es históricamente cierto, con excepción de la convocada por el presidente Laureano Gómez. El propio maestro Echandía quiso convocar una para tramitar la reforma del año 36. Otros hablan de sus riesgos, empezando por señalar que la asamblea podría revisar temas estructurales. ¿En qué país viven? Ya se han revisado muchos por la vía de Actos Legislativos y a espaldas de la opinión.
Otros más insisten en hacerle ver a la guerrilla que basta con aplicar la actual Carta Política para cambiar el país. Se equivocan, por supuesto, de destinatario del mensaje. Deben hacérselo ver es a quien gobierna, es decir, al establecimiento, cuyos voceros institucionales no estarían aplicándola. Pero si la aplican y los resultados son los que se ven, entonces lo que hace falta es una Asamblea Constituyente.
No hay razón alguna para pensar que cuando el sistema político se cierra y cuando los acuerdos de cúpula reemplazan los consensos de base, funcionen bien unas instituciones que se han desvirtuado en la medida en que se restringe la democracia. Es necesario buscar la recuperación de la legitimidad que está colapsando en medio de las contrarreformas. Decir que la Constitución del 91 conserva su vigor político no sólo es una falacia sino una ingenuidad.
Los voceros de la guerrilla tienen razón en querer constitucionalizar garantías para el ejercicio de su actividad política. Siguen prisioneros de su lenguaje jurásico, pero han dicho que su propuesta de la Constituyente busca “fundar un verdadero estado de derecho”. Increíble: cincuenta años de conflicto para llegar a acuerdos en torno a un estado de derecho. En todo caso los 10 puntos propuestos por las Farc en La Habana se inscriben en el marco del estado social de derecho y de la economía social de mercado.
La Constituyente no es sólo un problema de normas. También airea la política, amplía la democracia, recupera la participación, revitaliza el estado de derecho. Mirarla como un problema de normas es una verdad a medias. Y las verdades a medias son mentiras.
*Ex senador, profesor universitario, atm@cidan.net