La creciente diversidad de familias colombianas amerita una cartera que las entienda y las fortalezca: no puede ser que solo se considere esa minoría de asociaciones legales orientadas a la función de procreación biológica, frecuentemente no deseada y aún recargada en la dominación de la mujer. Obvio, la gestación y la crianza siguen requiriendo protección del Estado. Basta mirar el caso muy reciente de una pareja de personas transgénero que dieron vida felices a un pequeño. A pesar de tener papá y mamá, el niño ha tenido toda clase de problemas jurídicos en su corta vida por haber sido parido por su padre. En fin, solo un caso, pero que muestra que la ley puede quedarse con el criterio veterinario que ni siquiera se corresponde con la realidad de situaciones del mundo natural, al cual se cita sin coherencia, porque naturalizar la familia traería efectos extraños, el primero, condenar el celibato y la castidad como un gesto realmente patológico en cualquier especie. Afortunadamente somos cultura.
Para centenares de personas cabezas de familia, biológicas o adoptantes, obligadas por las circunstancias o que eligieron criar sin una pareja irresponsable a su lado, es indudable que un ministerio que les ayude es una buena noticia; son la mayoría, el cambio en las estructuras familiares ha sido una constante en la historia y Colombia no podía ser la excepción. En un país con un centenar de tradiciones culturales étnicas e innumerables condiciones sociales que evolucionan en conexión con el mundo globalizado, la gente experimenta y se adapta, un proceso que debe ser interpretado, respetado y protegido por el Estado de manera que los ciudadanos de cualquier condición puedan acudir a él en los casos en que se vulneren sus derechos. Para ello es indispensable, no sobra recordar, que ningún Estado intervenga en la construcción de lo que se considera familia, pues esto hace parte de la esfera de una voluntad social que nadie puede pretender controlar; al menos no sin ejercer una profunda violencia que destruya su legitimidad. Pero ese no podría ser el caso colombiano, donde ya hay suficiente violencia, especialmente dentro de las familias disfuncionales del pasado, que no se pueden tolerar: se requiere de una institucionalidad que proteja los derechos de los niños y niñas a construir su género con alegría, sin ser abusados o expulsados de su hogar; por ejemplo, una institucionalidad que proteja a las personas que deseen adoptar en diferentes tipos de acuerdos ante la gran cantidad de huérfanos de la guerra, las violaciones y el maltrato infantil, una institucionalidad que prevenga la captura dogmática de la educación por grupos que prefieren condenar a sus propios hijos al clóset que ver expresar libres sus afectos y su autonomía.
Hay que celebrar entonces que se cree un ministerio para la familia, pues muchas creemos en ella como el fundamento de la sociedad, tanto como creemos en el papel laico del Estado, confiando en que esté a la altura de los tiempos. Triste sería que se utilizara la institucionalidad para imponer un modo de ser o un modelo extraño a las dinámicas sociales y los derechos de las personas a desplegar su amor sin depender de las premisas de terceros. Impensable sería que una minoría impusiera un modelo de familia bajo cualquier premisa. Esperemos por ello que cuando en el proyecto ministerial se haga referencia a la moral y la espiritualidad, se promuevan la concordia y el diálogo y se construya paz sobre la maravillosa realidad que nos muestran las decenas de formas de ser familia en la Colombia contemporánea.