Uno de los capítulos que develó la pandemia es la seguridad alimentaria mundial. Cuando la FAO habla de hambrunas en el mundo, Colombia posee más de 40 millones de hectáreas de frontera agrícola, pero solo cultiva 7,5 millones, importamos más de 13,5 millones de toneladas de alimentos y exportamos solo 4,9. Una balanza totalmente deficitaria. Café, flores, banano y azúcar concentran el 80 % de dichas exportaciones, que evidencian la baja diversificación. Según el Censo Agropecuario 2014, solo dos millones de personas son productores agropecuarios, la mayoría residentes rurales y pequeños productores. Una maravillosa población campesina que debemos proteger y desarrollar. Entre los factores que explican este mediocre resultado están la baja productividad, carencia de infraestructura, mínima cobertura en riego y baja transferencia tecnológica.
Pero si queremos aprovechar al máximo nuestro potencial agropecuario, hay una serie de factores de fondo que debemos cambiar para salir de este bajo desarrollo, como lo han hecho Perú, Brasil y Chile, por mencionar algunos.
El primero es limitación al máximo hectareaje admitido para tener una propiedad rural, la UAF, lo cual imposibilita asentar inversiones a gran escala. La Ley 160 de 1994 contemplaba, en paralelo con las UAF, las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) que permiten la producción de alimentos a gran escala y se pueden desarrollar bajo diferentes combinaciones asociativas. Las ZDE solo requieren de un desarrollo normativo en cabeza de la Rama Ejecutiva, que no se ha dado en 25 años, entre otros, por la confluencia de poderosos intereses de importadores de granos, sumados a ideologías que rechazan radicalmente la producción de alimentos a gran escala, aunque debamos importarlos.
El segundo es el tema de la propiedad de la tierra, asunto complejísimo que amerita un escrito aparte. Pero quiero destacar la inseguridad jurídica. En los procesos de restitución de tierras, el Legislador del año 2011 previó —de buena fe— un escenario diferente al real, bajo el imaginario de que las víctimas se enfrentarían necesariamente con los victimarios en los procesos restitutivos, y se fijaron unas asimetrías procesales tales que la única forma de que un tercero perjudicado no pierda el predio ni sus mejoras es probar que no conoció o no ha debido conocer el contexto de violencia del país. Esta exigente tarifa probatoria se denomina buena fe exenta de culpa y es la única posibilidad de que un tercero perjudicado en un proceso de restitución de tierras no pierda el predio y las mejoras. Dicho lo anterior, cualquiera puede perder sus activos rurales y en consecuencia se frustran inversiones importantes del sector productivo. Para dotar de seguridad jurídica el campo será necesario revaluar la figura de la buena fe exenta de culpa y someter a la pérdida del predio y mejoras solamente a quienes actuaron de manera dolosa y cohonestaron con los actores violentos.
Hay otros temas de fondo como crédito y seguros agropecuarios. En estos capítulos hace falta una política actualizada de crédito y seguros agropecuarios, dado que hoy el 70 % de las colocaciones van dirigidas a grandes empresas y fondean sobre todo el capital de trabajo, crédito concentrado en Bogotá y cinco departamentos.