El Acuerdo Final de Paz (AF) y su cumplimiento siguen dividiendo a Colombia, pero hay que hacer esfuerzos para acordar el cierre de los temas. Hagamos un balance:
Las Farc desmovilizaron a 13.202 excombatientes; sin embargo, más de 3.000 siguen en armas y traficando. Para reparar a las víctimas (8,9 millones), reportaron bienes por valor de $964.100 millones que, descontando armamento e infraestructura, corresponden a $542.900 millones; de ese valor se han recibido $3.694 millones, algo más del 0,3 % del total reportado. En inmuebles declararon 722 activos y solo se han recibido ocho, de los cuales siete son baldíos de la Nación. Reportaron 325 vehículos y no han entregado ninguno. Además, no han delatado rutas de narcotráfico y sólo han informado cinco campos minados. Después de la firma se encontraron caletas de armas no reportadas, la Fiscalía halló más de $2 billones de activos no declarados y aún se desconoce el listado de los niños reclutados reintegrados. Por su parte, el Gobierno actual aprobó 14 de los 16 proyectos de los PDET; para el 2020 cuenta con 52 entidades con apropiaciones de $9,8 billones para cumplir el PMI, documento diseñado para medir el cumplimiento del Gobierno so pena de sanciones, pero sin ningún indicador que permita evaluar, sin sanciones, el cumplimiento de las Farc. Se aprobaron 47 proyectos colectivos y 900 individuales que favorecen a exguerrilleros; hay avances sustanciales en políticas como el catastro multipropósito; el 99 % de los exintegrantes de las Farc están afiliados al sistema de salud y casi 7.500 han sido vinculados a programas del SENA. El Estado colombiano adoptó seis reformas constitucionales, cinco leyes aprobadas por el proceso extraordinario del fast track, 34 decretos con fuerza de ley y 71 decretos en un tiempo récord para aterrizar las pretensiones contenidas en el AF. Pero claramente hay una asimetría. Saque usted, lector, las conclusiones, sin olvidar que el proceso está contemplado a 15 años.
Si bien tengo reservas sobre la metodología del AF, me preocupa, entre otros, una eventual impunidad, así como el tratamiento a los menores abusados, las repercusiones en el narcotráfico, los posibles sesgos de la JEP y de la Comisión de la Verdad. Reconozco que tenemos una gran deuda histórica con la Colombia profunda y olvidada que hay que superar y que el AF, en términos generales, trae posibilidades importantes para pagar esta deuda en favor de las poblaciones menos favorecidas.
Por la prevención que genera el AF y frente a la polarización existente, es difícil para el Gobierno y su contraparte hacer propuestas para cerrar conversaciones. Se requiere que actores externos, con credibilidad, sin sesgos políticos, planteen ajustes a fin de equilibrar las cargas. Sin haber consultado con ellos y solo para ilustrar, se me ocurre que instituciones como el Kroc Institute for Peace Studies de la Universidad de Notre Dame, el gobierno de Irlanda u otros Estados europeos podrían actuar como facilitadores para dar cierre a esas conversaciones pendientes, en una agenda acotada en alcance y tiempo que permita sanar las heridas que muchos aún consideran abiertas.