Mi capacidad de asombro frente a las maniobras que pueden armarse en las cortes y, todavía peor, a las que prosperan en los recintos de la “justicia”, aún no se agota.
Francisco Ricaurte, presidente actuante del Consejo Superior de la Judicatura, se ríe, en las barbas nuestras, del Estado de derecho del cual abusó antes y abusa ahora con tal de mantenerse en su cargo de millones de pesos en salarios y canonjías. Ricaurte anda feliz por ahí, asistiendo a cuanto evento lo invitan y figurando en las fotografías sociales muy erguido, como si fuera el gran dignatario de la Rama Judicial. El problema es que ya no pertenece a ella. Su elección como miembro de la Judicatura fue anulada hace un mes y 20 días por una mayoría amplia, en el Consejo de Estado, de 13 votos. El pecadillo que encontraron quienes examinaron su caso, no fue menor: 16 magistrados de la Corte Suprema votaron por él para que pasara a la Judicatura, una vez terminó su período allí (él fue infaltable presidente y dominador de la Suprema). 15 de esos 16 electores ocupan sus sillas gracias a Ricaurte. La devolución de favores, hoy yo voto por ti, mañana tú por mí, está prohibida en la Constitución. Más claro no canta un gallo.
Unos consejeros de Estado independientes decidieron en derecho que Ricaurte debía irse porque su elección, en las circunstancias en que ocurrió, es nula. Pero ¿quién creyó que él era manco? La consejera Susana Buitrago, que salvaba a Ricaurte y cuyo escrito fue derrotado, empezó a elaborar el nuevo documento en que —presuntamente— se iba a reflejar el deseo de la mayoría. ¡Oh, sorpresa!: dos semanas más tarde llegó con una ponencia en que decía que sí, que desde luego, que cuando cambiaran la Carta no podría haber más ricaurtes pero que, por ahora, el personaje se quedaba. Sin embargo, la sala plena insistió. Votó por segunda ocasión y los 13 votos a favor de la nulidad ascendieron a 17. No había duda: Ricaurte se iba. Pues no, ahí está y ahí se queda, al menos mientras surte efecto otra triquiñuela.
Misteriosamente, una señora que no había mostrado interés en el asunto, ni antes ni después de la primera y la segunda votaciones de anulación, grita de pronto que por qué no la notificaron, que ella es parte interesada ¿Quién es esta descuidada funcionaria? Celinea Oróstegui fue nombrada como directora ejecutiva de la administración judicial el año pasado. Traducido en castellano, es la gerente que maneja $2,6 billones del presupuesto de la justicia. Uno, como ciudadano, esperaría mayor atención a sus tareas, si es que la de ella consiste en andar pleiteando a favor del proceso particular —que no de la Rama Judicial— de un consejero angustiado (entre otras cosas, por estos días hay amenaza de paro de jueces porque el dinero destinado para los despachos de descongestión en 2014 está agotado apenas a mitad de año. Vaya gestión).
Celinea Oróstegui es santandereana, como Ruth Marina Díaz, la famosa expresidenta de la Corte Suprema que tomaba vacaciones por extremo estrés, recorriendo el mar Caribe en cruceros de lujo. Díaz y Oróstegui gozan de buena amistad. Díaz y Ricaurte, también. Oróstegui —de quien me dicen que tiene buena preparación profesional— no hubiera podido estar donde está sin el aval de Ricaurte y de su amigo, pendiente de igual decisión de nulidad, Pedro Munar. Todo un circuito de amigos. Oróstegui fue nombrada a pesar de que pronto cumplirá la edad de retiro y no podrá completar su período. Oróstegui intentó subir su pensión —porque ya está pensionada— de $5 millones a $14 millones o más, pretendiendo que su cargo equivalía al de magistrado. Negaron su aspiración. Oróstegui tiene, ella misma, demandada su elección ante el Consejo de Estado con el fin de que se declare nula. ¿Será por eso que se siente solidaria con Ricaurte?