Odebrecht y su corruptela continental no puede cegarnos frente a otros líos como, por ejemplo, el del cocido que hay alrededor de la conformación de la nueva Corte Constitucional que debe resolverse ya, a pesar de que el escándalo de la financiación de las campañas presidenciales ocupe cualquier espacio. Imagínense la alta corporación de la Justicia, adonde terminarán llegando tutelas del affaire brasilero, integrada ya no por los limpios magistrados María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, sino por gente de moral elástica similar a la que Odebrecht buscaba. ¿Qué tal la sala plena que dirime los conflictos más trascendentes de la sociedad, compuesta —descompuesta— por Martha Isabel Castañeda (dama que hacía vueltas para el oscuro exprocurador Ordóñez y para sí), Wilson Ruiz (abogado de pocas luces y muchas mañas) o por Carlos Ardila Ballesteros (expresidente de la Cámara investigado por el uso libertino de los dineros públicos que manejó)? Más allá: ¿qué tal una Corte Suprema que postula a los aspirantes a reemplazar a dos de los tres togados salientes, considerando, votación tras votación, nombres de ese nivel tan pobre, pero sobre todo, tan impresentable? Si la corporación que defiende la Constitución se hunde, como viene sucediendo con la presencia de personajes talla pretelt, con ella también se sepultará la Suprema por haber catapultado a la mejor dignidad de la rama a individuos que, por el contrario, deberían estar bajo la lupa de su Sala Penal. ¿Con cuál autoridad ética juzgará, en última instancia, los procesos que, seguramente, se derivarán de Odebrecht, después de ser la responsable de otra contaminación de la Justicia?
En esa línea sin interrupciones que conecta todas las aristas de la cosa pública, La Suprema yerra si piensa que pasará de agache ante la crisis de honor que sufre Colombia como si los delitos políticos no tuvieran nada que ver con los de los miembros del poder judicial: tan corruptos son los ejecutivos de una campaña presidencial que reciben dineros de quienes después cobran su devolución en contratos, como los magistrados que aprovechan su investidura en beneficio de sus parientes, aliados o allegados o, peor aún, de sus bolsillos. Casos existen. Admito que nos equivocamos quienes nos metimos de cabeza en el empeño de destapar a los más cínicos de las cortes creyendo que los habíamos vencido. Falso: se fueron unos, se anuló la elección de otros, pero lejos quedaron de padecer una derrota. Al revés: les hicimos un favor porque fuera del foco de la opinión infiltraron las cortes con sujetos como ellos y sin ningún control. Estos son los que hoy manipulan las votaciones internas para seleccionar las ternas de las que el Congreso elegirá. Favor con favor se paga. ¿Qué diferencia hay, pues, entre los miembros de las cortes y la “División de Operaciones Estructuradas” de Odebrecht?
La trayectoria de los “seguros candidatos” de la Suprema a integrar la Corte Constitucional revela su categoría: la ex vice procuradora Castañeda es “meritoria” por haber secundado las arbitrariedades de Ordóñez cuando abría, dejaba de abrir o cerraba causas disciplinarias a partir de sus sesgos como cuando desalojó del Senado, con mentiras, a Piedad Córdoba, y cuando defendió, en sustitución de su apoderado, a Pretelt; “meritoria” también es esa señora por haber llenado plazas de la Procuraduría con recomendados de quienes votarán por ella. Wilson Ruiz es recordado por aspirar a cualquier silla oficial de la que derive ventajas y por su mediocre paso por la Sala Disciplinaria que le hizo trampas a la ley para subirles, falsamente, las pensiones a sus protegidos de los tribunales. Ardila Ballesteros es un politiquero de vieja data: exconcejal, exdiputado, excongresista, ex consejero electoral, exinvestigado por la alegre manera en que comprometió el presupuesto oficial en contratos y viajes. Fue todo, menos juez. Y ahora pretende ser máximo magistrado. Ah, y la cereza del postre: los tres pertenecen a la línea Ordóñez-Pretelt. ¡Bonito futuro nos depara el país!