HAY QUE DECIRLO DE UN SOLO GOLpe: no es cierto que haya una confrontación entre el Presidente de la República y la Corte Suprema.
Esa es una hipótesis que viene ambientando gente que le debe mucho a este gobierno, y que tiene dos intenciones de fondo: 1.- Deslegitimar jurídicamente las decisiones penales que el tribunal toma o podría tomar contra personajes cercanos a la administración (parapolíticos, yidispolíticos o neoyidispolíticos, es decir, los que reciben otras prebendas burocráticas a cambio de su voto por el referendo). 2.- Darle fundamento a la teoría de que los magistrados no actúan con argumentos judiciales sino por motivaciones políticas.
Para desprestigiar a la Corte se empleó ilegalmente la Inteligencia del Estado mediante las interceptaciones telefónicas, la violación de correos, el espionaje a las familias de los togados; la averiguación de datos de su intimidad hasta llegar incluso a buscar si tenían amantes, y el uso de —esos sí, Plinio— idiotas útiles de los medios. Se extralimitaron las funciones de la UIAF y con seguridad, también las de la DIAN. Y ahora, activan la táctica de teñir de “confrontación” lo que simple y llanamente es una grosera interferencia del Ejecutivo en las funciones constitucionales de la Rama Judicial.
Es en este escenario donde aparece la torpe estrategia de “mediación” de quien hoy encabeza la Procuraduría General. El señor Ego Ordóñez quiere dar la impresión de que es el garante de los derechos ciudadanos que nunca será, porque su posición a favor del Ejecutivo y de sus ultraconservadores partidarios ya estaba tomada desde antes de ocupar su cargo, o está haciéndole la tarea a alguien. Nadie ha olvidado el origen de su elección, la cual fue posible por el aplastante poder del eje antidemocrático Gobierno-mayoría uribista en el Congreso. Con todo, el hombre trata de engañar al país como si éste padeciera Alzheimer y decide enviarles una ampulosa carta a Álvaro Uribe y a Augusto Ibáñez. Su estrategia es torpe porque, aparte de que su función no es la de mediar ni menos la de ayudarle a quien, por el contrario, es su vigilado, el texto que redactó lo desnuda de inmediato. En efecto, escribe que “la sociedad echa de menos la necesaria discreción de los pronunciamientos judiciales” y que “no resulta comprensible que con posterioridad a la notificación de las providencias se inicie un debate público por quienes las expiden”. Y a continuación añade: “Todo esto sin perjuicio de la crítica jurídica de carácter académico, lo cual (sic) no puede ser considerado como factor desestabilizador”. Las dos primeras frases que espolean a la Corte, son idénticas a las que han expuesto contra el tribunal el Presidente, el ministro del Interior y dos consejeros. La última, por el contrario, fue hecha en defensa del Gobierno, y tampoco es novedosa: ya había sido formulada por José Obdulio Gaviria.
Si Colombia tuviera una Procuraduría independiente, en lugar de servir de amanuense de otro, su titular habría concluido las investigaciones contra los ministros de la yidispolítica, con acatamiento a la sentencia de la Corte y no en contravía de la misma; habría cerrado otras indagaciones que entraron a la nevera de su despacho en cuanto las publicitó. O sea, las de Edmundo del Castillo, los ex directores del DAS, y los ministros que favorecieron los negocios de los hijos de Uribe, entre otras. Pero, ¿qué puede esperarse de un personaje siniestro como el que describió el columnista Ramiro Bejarano el domingo pasado? Los remito a esa columna. Se enterarán de quién está en el Ministerio Público.