La reforma a la justicia podrá ser íntegramente aprobada después de que el Congreso haya simulado que la debatió para darle apariencia de juridicidad a su impunidad parlamentaria.
Podrá contar con el respaldo del Gobierno, incluyendo, desde luego, la penosa defensa que de ella ha hecho el ministro Esguerra. Podrá, aun, ser encontrada exequible por la Corte Constitucional. Pero jamás tendrá legitimidad moral ni social. Los senadores y representantes, fortalecidos por el momento que vive el país (un Ejecutivo que no reta a los tribunales y unas cortes vencidas a posteriori por el uribismo), se van a dar la pela de sustituir a sus jueces y de declarar nulos los castigos establecidos para sus fallas, sin que se les mueva una pestaña. Y la Rama Judicial, lesionada en su independencia y dignidad, agachará la cabeza, en parte por su falta de carácter y, en parte, por el pedacito de reforma que comprará su silencio.
El magistrado William Giraldo fue elegido en mayo de 2009 como titular del Consejo de Estado para un período de ocho años. Entonces tenía 62 de edad y sabía que debía retirarse a los 65. Es decir, iba a ejercer sólo tres. ¿Para qué, entonces, postularse? Hace unas semanas, El Tiempo contó que a la Comisión de Acusaciones, el órgano competente para investigar a los integrantes de altas cortes, llegó una queja en la que se aseguraba que los casos de Giraldo y otros tres de sus colegas eran la demostración de que en el Consejo también había ‘carrusel de pensiones’ (nombramientos por corto lapso para pensionarse con un suma mensual mucho más alta). Celebrado con ponqué y velitas su cumpleaños, Giraldo fue informado de que la convocatoria para reemplazarlo se había abierto. Veloz, envió una carta a la Sala Administrativa de la Judicatura, que se encarga de elaborar la lista de candidatos, exigiendo que suspendiera el proceso, so pena de ser denunciada por él. La Sala no cedió. Giraldo acudió a la tutela. Perdió y apeló.
Lo interesante de este asunto, aparte de conocer la conducta del personaje, es que se presenta mientras se tramita el proyecto, que además del contenido que favorece a los parlamentarios tiene unas líneas para doblegar a los miembros de la cúpula judicial: aumento de la edad de retiro de 65 a 70 años, e incremento del período de 8 a 12 años. Es un secreto a voces que giraldos de todas las cortes, que están a punto de salir del cargo, están haciendo lobby con los congresistas para que se apruebe la reforma como a ellos les plazca, siempre y cuando se aclare que las ampliaciones de los jueces se les aplican a los actuales togados.
Por su lado, casi todos los integrantes de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, cuya eliminación estaba prevista por su enorme desprestigio, están dedicados a ‘lagartiar’ con senadores y representantes en desayunos, almuerzos y comidas para garantizar su supervivencia, o sea, para que no se apruebe la desaparición de su grupo integrado por magistrados que candidatiza el jefe de Estado y elige el Congreso, es decir, provenientes de la clase política. La Comisión de Acusaciones, el otro órgano político con funciones judiciales, y tan descalificado por la opinión como la Disciplinaria, parece haber hallado un salvavidas donde menos lo esperaba: en las cortes. En efecto, éstas solicitan mantenerla viva. ¿Toma y daca? Transcribo una respuesta a El Espectador del senador Luis Fernando Velasco, protagonista en la modificación a la justicia: Pregunta: “Hay 39 congresistas que tienen investigaciones abiertas en la Corte Suprema… Ellos estaban inhabilitados para participar. Sin embargo ustedes les eliminaron los impedimentos”. R/ “Sí, claro. Si no, no hubiéramos tenido cómo votar la reforma”. Colombia pierde. El cinismo gana.