¿Qué tienen en común los fugitivos María del Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo, Andrés Felipe Arias y Sandra Morelli, además de posar, ante ingenuos gobiernos extranjeros, de perseguidos por la justicia de Colombia? Respuesta: todos enloquecieron con sus cargos y abusaron de su poder, convencidos de que nadie podría, nunca, pedirles cuentas.
También tienen en común que fueron —vaya ironía— victimarios: Hurtado, de la Corte Suprema, de los opositores del Gobierno al que ella servía, y de algunos periodistas. Restrepo, de defensores de derechos humanos y de críticos del método que implantó para desmovilizar bandidos de diverso pelambre. Arias, de campesinos sin recursos a los que les birló el dinero estatal que les correspondía. Y Morelli, de las decenas de personas objeto de su odio, a quienes les hizo imputaciones sin sustento distinto al que le dictaban sus vísceras. Ahora lloran en el extranjero para que les permitan continuar sus vidas muelles mientras sus víctimas apenas empiezan a obtener verdad y justicia.
Acaba de sucederle, por ejemplo, a uno de los magistrados más vilipendiados: Iván Velásquez. Álvaro Uribe, hoy en su nuevo rol de santo resignado ante las “calumnias”, lo acusaba, en su época de mandatario, de crímenes; por ejemplo, como cuando aseguró que Velásquez quería involucrarlo en un asesinato. Persiguieron a Velásquez, en desarrollo de esa misma tramoya, Santiago y Mario Uribe; lo persiguieron muchos parapolíticos, testigos falsos pagados por éstos, medios y periodistas dispuestos a creer los chismes que en su contra filtraba el tenebroso DAS dirigido por la “víctima” Hurtado (¿recuerdan la “noticia” originada en ese organismo de que Velásquez “emborrachaba” testigos?). Lo persiguieron, por supuesto, los recién elegidos magistrados de la Suprema, hasta sacarlo de su silla; lo persiguieron, con montajes y más montajes, otros órganos de inteligencia al servicio de la Presidencia.
El exmagistrado Velásquez, quien recibió una indemnización moral de Naciones Unidas, que lo nombró su representante en una comisión internacional contra la impunidad, acaba de recibir una pequeña satisfacción en su tierra. Fueron destituidos e inhabilitados para ejercer cargos oficiales un intendente jefe de un grupo local antisecuestro y antiextorsión de la Policía, un agente bajo su mando, un agente con acceso a la sala de interceptaciones de la Dijín y un investigador del CTI, amigo de fiscales locales y fiscales de mayor rango. Los cuatro exfuncionarios se aliaron en 2009 para introducir el número del celular de Velásquez en una lista de abonados telefónicos cuyas conversaciones estaban siendo grabadas para recaudar pruebas contra ellos. ¿Por qué a un puñado de policías y empleados de la Fiscalía les interesaba oír al magistrado? ¿Para qué y a quién le servían los datos que él pudiera mencionar sobre sus indagaciones, entre otros, al primo del presidente de la República, al cual investigaba por parapolítica en esos años? Es tan obvio que no hay insumo para una adivinanza. Pero la memoria es frágil y nuestro carácter débil. Así que nos contentaremos con la sanción a los operadores de abajo mientras sus jefes, los de arriba, se benefician de nuevos cargos, se hacen elegir y se indignan porque los cuestionan. ¡Persecutores con cara de perseguidos!
Entre paréntesis. A pesar de que Sandra Morelli fue elegida contralora y —qué duda cabe— ejerció ese cargo en su calidad de nacional de este país, la Embajada de Italia envió un delegado suyo a las audiencias que se realizaron antes de que ella huyera. ¿La Cancillería y nuestra Embajada en Washington han asistido al menos a una de las de la oncóloga payaneja Ana María González, acusada de intento de asesinato por unos fiscales texanos que ya la condenaron por ser colombiana?