Va siendo hora de que los periodistas que informamos y los penalistas o funcionarios judiciales que intervienen en los procesos criminales de interés masivo enfriemos la cabeza y le pongamos una dosis de cordura y decencia al manejo que se les está dando a los casos que despiertan la curiosidad pública, antes de que ocurra una tragedia.
Diga usted un suicidio de un inculpado acosado por las publicaciones; un homicidio o un ataque con ácido a alguien por parte de un loco que, persuadido de lo que lee en las páginas de los diarios y revistas, oye en la radio o ve en la televisión, crea que venga así la deuda del presunto responsable con las familias de las víctimas o con la misma sociedad.
La supuesta participación de Sigifredo López en el secuestro y asesinato de sus colegas de la Asamblea del Valle del Cauca es el más reciente ejemplo de la crucifixión o absolución mediática del procesado antes de que, siquiera, se le dicte medida de aseguramiento. A López, resulte culpable o inocente, todos los mencionados le hemos violado los principios constitucionales de la reserva de las piezas investigativas, la cadena de custodia de las pruebas y la presunción de inocencia, entre otros. No es sino recordar la exhibición de la prueba reina en su contra, un video extensamente expuesto por un canal, que lo condenaría desde ya y sin necesidad de juicio. O la defensa a ultranza que otros han hecho del involucrado.
María Jimena Duzán entrevistó a los abogados Lombana y Granados, apoderados famosos de muchas investigaciones que se resuelven en la prensa antes que en los juzgados. En esta ocasión, porque son parte y contraparte en el proceso por la extraña muerte del universitario Colmenares. Hay que reconocer que sus respuestas son reveladoras. Aunque contradictorio (“yo no manipulo a los medios”), el doctor Lombana tuvo un inesperado gesto de sinceridad cuando contestó, líneas adelante, que “en un caso como estos, los medios son necesarios y los dos (él y Granados) hemos filtrado documentos a la prensa toda la vida”. Le faltó añadir que la filtración se hace según la conveniencia de cada cual. Y que, para mayor precisión, quien no acompañe su preocupación de hoy, es decir, la tesis de que las dos estudiantes investigadas merecen la horca, es sospechoso de complicidad dolosa.
Algo similar está sucediendo con el trámite judicial para averiguar qué pasó con otro estudiante de Bogotá, “el grafitero”, que resultó muerto cuando un joven agente de Policía le disparó. La difusión de piezas sueltas de esta indagación y también la insana influencia de los familiares de las víctimas en las decisiones de las autoridades y, de nuevo, en la prensa, han minado el ejercicio pleno del derecho a un juicio imparcial.
Los apoderados han logrado posicionarse como héroes de novela policíaca. Los fiscales, hasta hace poco silenciosos buscadores de pistas, andan gritando y amedrentando cada vez que sienten cerca una cámara. Ni siquiera las cabezas de los órganos judiciales, la contralora, el procurador y el recién llegado fiscal, se salvan de esta orgía de micrófono. Una cosa es el derecho insustituible a la información. Otra, la morbosa exposición que se está llevando a la justicia por los cachos.
Entre paréntesis.- Hay gente que no aprende, a pesar de ser víctima de los golpes que los criminales propinan en este país. A un “demócrata integral”, como le gusta que lo llamen según cuentan sus entrevistadores, le queda muy mal describir a un respetable hombre público que no comparte su ideología de ultraderecha, con la expresión de “negro”, como si serlo fuera motivo de condena. En lugar de hacerle daño a la reputación del sujeto de sus ataques, se la hizo a la suya propia ¡Qué despreciable ser!